La defensa de Pérez Jiménez atravesó tres fases superpuestas. Primero, su abogado en jefe, David Walters, argumentó que la evidencia legal era insuficiente para una acusación contra el exdictador. Segundo, intentó aprovecharse de todas las posibilidades de apelación y retrasos que tuvo disponible. Finalmente, llevó a cabo una campaña para establecer la naturaleza política de los cargos en contra de su defendido, y para demandar que el Secretario de Estado norteamericano honrara el principio de asilo. Durante los retrasos, Pérez Jiménez presionaría con el argumento político al presidente John Kennedy y al Departamento de Estado, a través de peticiones y mediante grupos que presionaban en su nombre. Claro que estos tiempos terminaron siendo perjudiciales, dado que le permitieron a Acción Democrática ganar más credibilidad como una estable democracia aliada.

Walters mantuvo que Pérez Jiménez, durante su mandato, estuvo siempre en una constante lucha en contra de AD y los comunistas venezolanos; conflicto que si bien no fue violento todo el tiempo, eventualmente daba a paso a climas de tensión, que podían traer consigo hechos desagradables como las muertes de las que se le culpaba al exdictador. Una lucha que obligaba al gobierno a defenderse y que, por tanto, hacía que los referidos asesinatos debieran ser caracterizados como crímenes políticos. Para sostener su planteamiento, el abogado hizo uso de testimonios que corroboraran la tensión política de los años 50, entre ellos el difícilmente imparcial de Pedro Estrada, ex dirigente de la SN, quien trataría de desacreditar a AD exponiendo las supuestas artimañas que realizaban una y otra vez para sacar a Pérez Jiménez del poder, y de retratar al gobierno del exdictador como uno que había sido respetable y normal.

La defensa justificó las 4 muertes achacadas por la parte demandante al exdictador alegando que la fuerza policial dirigida por éste había mantenido legalmente la ley y el orden. Así, Ruiz Pineda habría sido asesinado tras resistirse a un arresto; pudiendo haber fallecido incluso a manos de sus aliados, dado que se encontraba entre éstos y los agentes de la SN durante un intercambio de disparos. Germán González habría mentido cuando identificó como robado el carro usado por Ruiz y sus amigos; arrestarlo como sospechoso de ayudar a terroristas seguramente fue una acción razonable; y si intentó escapar, el guardia de turno tuvo justificación para dispararle. Luis Hurtado y Pinto Salinas podrían haber provocado a sus guardias para que éstos los agredieran.

Cadáver de Leonardo Ruiz Pineda.[1]

Con todo, los alegatos más sólidos de la defensa se referían a la carencia de evidencia contundente sobre los cuatro asesinatos, y al hecho de que una enorme parte de los testimonios en contra del exdictador consistían en interpretaciones fuera de contexto, extraídas de juicios de otras personas y de testigos que nunca habían declarado en contra de Pérez Jiménez; también de miembros de Acción Democrática, cuyas declaraciones bien podían tener una intención partidista. Muchos testimonios respecto a los asesinatos resultaban incluso insuficientes de acuerdo con la legislación de Florida; éstos en gran medida estaban respaldados por rumores; el agente que había asesinado a González jamás fue identificado; y el arma con que se habría ejecutado a Ruiz Pineda nunca encontrada. Pero, sobre todo, siguiendo a Walters, no había ningún documento que implicara al exdictador en alguna de las muertes; ni siquiera uno que estableciera que Pedro Estrada, jefe de la SN, había dado las órdenes de ejecución.

Menos exitosa fue la defensa en contra de las acusaciones de delitos financieros, puesto que en este caso la evidencia de la parte demandante era bastante más condenatoria. Aquí, la defensa solo podía señalar las omisiones y cuestionar las inferencias. Walters argumentó que no se habían proporcionado pruebas completas en relación con los supuestos sobornos; que ninguna evidencia sugería que los contratos de los que Pérez Jiménez podría haberse beneficiado fueron ilegales; y que el gobierno venezolano no había investigado en profundidad a los oficiales de las compañías que habían dado los referidos sobornos, ni había instigado procesos judiciales en contra de éstas. En los cargos de especulación de tierras sucedía algo similar. No había documentos que indicaran que los precios pagados por el gobierno de Pérez Jiménez por las parcelas de tierra eran inflados o injustos; ninguna tasación fue presentada para respaldar la inferencia de que el exdictador había manipulado ilegalmente los precios para su propio beneficio.

De manera que los crímenes financieros y las muertes violentas fueron caracterizadas por Walters como ocurrencias normales en Venezuela. Luego de atacar las inferencias planteadas por la parte demandante, la defensa de Pérez Jiménez argumentó persuasivamente que los crímenes en contra de éste no se hallaban en el tratado de extradición. Walters alegaba que la malversación difería claramente de los delitos por soborno y extorsión, y estos últimos no estaban incluidos dentro del tratado. De modo que, aunque su cliente fuera culpable de recibir sobornos y/o de extorsionar, esto no sería suficiente para que Estados Unidos lo entregara a Venezuela.

En abril de 1961, la defensa descansó en la presentación de una serie de documentos y declaraciones que exponían a Pérez Jiménez como un fuerte aliado en el hemisferio en contra del comunismo. También sobre evidencia con la que se intentaba hacer ver que Betancourt era arbitrario, vengativo y demasiado condescendiente con los comunistas. Pruebas que, no obstante, serían irrelevantes para la audiencia, dado que el juez federal sólo consideraría suficiencia de evidencia.

El grueso de los argumentos y de la evidencia presentada por cada parte en la disputa judicial se había presentado al juez californiano Mathes; Whitehurst solo había leído el voluminoso registro, y debía escuchar los argumentos finales para decidir si había suficiente causa para extraditar a Pérez Jiménez por malversación y asesinato. Después de absorber rápidamente toda la información, anunció su decisión el 16 de junio de 1961. Determinó que no había suficiente evidencia para extraditar al exdictador, en el caso de los cargos por asesinato, dado que los demandantes no habían establecido la complicidad del tachirense en estos crímenes. En cuanto a los crímenes financieros, sin embargo, certificó que existía suficiente evidencia para una acusación.

Para contrarrestar la decisión, Walters mantendría el caso en las cortes por los siguientes dos años, a través de una ráfaga de peticiones que muchas veces iban dirigidas a la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito y a la Suprema Corte de Estados Unidos. Estas apelaciones cuestionaban la jurisdicción del juez Whitehurst y alegaban que él nunca había pedido evidencias de la oficina del secretario ni había leído todos los documentos de la corte. La defensa también continuó insistiendo en que los cargos en contra de Pérez Jiménez no estaban listados en el tratado de extradición.

Las agencias el gobierno estadounidense intervendrían de forma más directa en el caso del exdictador luego de la decisión de junio. Aunque la fianza no fue revocada de inmediato, la vigilancia del acusado se intensificó. Un día después de la determinación de Whitehurst, la Patrulla Fronteriza incrementó la guardia en la casa del excaudillo en Miami. Cuando Pérez Jiménez salía de éstas, dos carros de la patrulla fronteriza lo precedían, y dos lo seguían. La fianza sería aumentada a $100.000 luego del fracaso de una apelación del 23 de agosto. Walters tendría éxito en mantener a su defendido fuera de la cárcel, pero los sucesivos fallos de sus apelaciones acercarían cada vez más el día en que la fianza sería revocada, ya en diciembre de 1962.

El aumento sucesivo de la fianza llevó a Walters a alegar que el gobierno de Estados Unidos esperaba con ello que Pérez Jiménez cesara en sus intentos de apelación; a lo que Irving Jaffe, del Departamento de Justicia, replicó que los esfuerzos en revocar la posibilidad de fianza respondían al interés de Washington, en el sentido de que, si Marcos Pérez Jiménez se iba del país antes de ser entregado, el gobierno norteamericano quedaría avergonzado. Después de que una última apelación fuera rechazada en diciembre de 1962, el exdictador iría a la cárcel como cualquier otro delincuente común, y ahí permanecería hasta que Dean Rusk, Secretario de Estado, finalmente decidiera si se llevaba a cabo o no la extradición.

Marcos Pérez Jiménez en Miami, camino a la cárcel del condado de Dade.[2]

La administración de Kennedy, por su lado, que era mucho menos simpática hacia Pérez Jiménez que la de Eisenhower, estaba interesada en formar una alianza con el gobierno de Betancourt, dado que Latinoamérica se había convertido en un asunto más crucial para el gobierno estadounidense con la perceptible amenaza de Fidel Castro en Cuba. Interés al que, por supuesto, el líder de Acción Democrática respondía de forma favorable, exponiendo a Venezuela y su democracia como la mejor defensa en contra de las dictaduras militares y subversiones comunistas. Los fuertes ataques de Betancourt al recién nacido régimen cubano, con el que rompió relaciones y al que acusaba de cometer violaciones a los derechos humanos, le significó la gratitud de Washington y fortaleció la relación entre el gobierno norteamericano y Caracas. Con todo, Pérez Jiménez continuaba creyendo que Estados Unidos no lo extraditaría, y se esforzaba por influenciar la opinión pública de dos grupos: los libertarios civiles estadounidenses, y aquellos que aún consideraban –pese a que en general, ya en 1962 y 1963 esto fuera visto como un anacronismo– que las dictaduras constituían la mejor manera de mantener a raya el comunismo. Y aunque hizo una buena cantidad de aliados durante sus intentos, en especial luego de haber sido encarcelado, no logró convencer a ninguno de los líderes políticos, que veían más provechoso respaldar a Betancourt que a él.

La defensa de Pérez Jiménez trataría, asimismo, de convencer a las cortes y al público de que la solicitud de su extradición tenía una motivación maliciosa y eminentemente política; así como de que sus acciones como presidente de Venezuela habían estado bien dentro de las aceptadas normas para el país llanero, e incluso para las de la mayoría de las naciones. El abogado y agentes de relaciones públicas intentarían caracterizar a la administración de Betancourt como una inestable, que no sería capaz de garantizar la seguridad del excaudillo, incluso aunque lo quisieran. De modo que, si el Secretario de Estado lo entregaba, estaría mandándolo con toda seguridad a la muerte. La conclusión obvia de esto es que Pérez Jiménez debía recibir el asilo político.

La operación ejecutada para presentar al gobierno de Betancourt como inhumano e incluso procomunista fue muy intensa, y en ella se utilizaron no pocos testimonios y documentos recopilados por Walters y su equipo durante su visita a Caracas, mientras preparaban la defensa del exdictador. Intentaron hacer parecer que el gobierno de Acción Democrática y sus aliados comunistas lo que querían era vengarse de Pérez Jiménez, como ya lo habían hecho con agentes de la SN, a quienes habían encerrado en la cárcel sin siquiera someter sus acciones a juicio. Walters y su compañero en la defensa, Edward Moore, incluso argumentaron que mientras estuvieron en Venezuela haciendo su trabajo, temieron por su seguridad, dado que sufrieron amenazas de grupos comunistas y presenciaron demostraciones de antinorteamericanismo, a través de acciones radicales como la quema de la bandera de Estados Unidos frente al Congreso venezolano. Historias y publicidad que en algunas instancias dieron justo en el blanco, haciendo que varios congresistas se opusieran a la extradición de Pérez Jiménez y expresaran su preocupación por el supuesto cobijo que Betancourt brindaba a los comunistas venezolanos.

La prensa, en especial la de Miami, continuó tratando el caso frente al público; atacando algunos de sus representantes al gobierno de Betancourt, diciendo que éste era menos providente con los venezolanos de lo que había sido el del exdictador, y otros, quizá más objetivos, alegando que éste no contaba con la simpatía ni de la extrema izquierda venezolana, ni de la extrema derecha estadounidenses. Una buena cantidad de activistas y organizaciones intentaron defender a Pérez Jiménez, a través de cartas y solicitudes para intervenir en su caso, a veces argumentando en contra de una supuesta conspiración comunista, de la que incluso podrían ser parte algunos oficiales públicos norteamericanos. Se alegaba también que en Venezuela el exmilitar sería juzgado y sentenciado por las muertes achacadas, aunque la corte de Florida había determinado que no había suficientes pruebas para esto.

Flor, la esposa de Pérez Jiménez, asumiría un rol más relevante frente a la prensa y los medios para reunir simpatía hacia su marido, luego de que éste fuera encerrado en la cárcel del condado de Dade, en Miami. Al poco tiempo de que el exdictador se fuera a la cárcel, su señora, quizá tratando de sacar ventaja de los sentimientos de compasión comunes en las navidades, realizó una conferencia de prensa acompañada por cuatro hombres de relaciones públicas y sus tres hijas mayores, para, como madre y esposa, apelar a los estadounidenses y solicitarles para ella y los suyos la misma consideración que había tenido la China comunista con los refugiados. Como consecuencia, algunos artículos del Herald no tardaron en retratar la triste navidad que los cuatro vástagos del excaudillo vivirían con su padre tras las rejas. Flor María también utilizaría como argumento que la vida de su esposo se hallaría bajo seria amenaza si éste era extraditado, y que Betancourt no era más que un hombre vengativo. Incluso le enviaría una carta al presidente Kennedy para pedirle que cancelara la orden de extradición.

Flor Chalbaud de Pérez junto a sus hijas, antes de la extradición de Pérez Jiménez.[3]

En tanto Pérez Jiménez pasaba su encierro como cualquier otro preso común, con visitas limitadas, excesivo calor y comida desagradable –que lo haría perder más o menos 45 libras a lo largo de sus 8 meses en prisión–, el gobierno de Betancourt seguía presionando a Estados Unidos para que entregara al exmilitar y objetara con fuerza las prácticas difamatorias que éste y sus aliados llevaban a cabo en contra del recién nacido sistema democrático venezolano. Después de un cierto titubeo desencadenado por los abogados del exdictador –quienes, como vimos antes, alegaban que éste podría ser asesinado si iba a Venezuela–, y despejado por el embajador venezolano para Estados Unidos, Enrique Tejera París, quien le expondría a Rusk que la nación caribeña le daría a exdictador un trato justo y le garantizaría su derecho a defenderse, este último finalmente tomaría la decisión, el 12 de agosto, de aprobar la extradición. Pérez Jiménez sería entregado a Venezuela para ser juzgado por malversación; por haber recibido dinero o bienes negociables, aun pese a conocer su origen ilícito; y por fraude o prevaricación.

El sábado 17 de agosto Pérez Jiménez sería extraído de la celda donde había estado los últimos 8 meses, y escoltado al aeropuerto por un convoy de 6 carros de alguaciles estadounidenses y la policía metropolitana. A las 11:47 a.m. llegaría a una pista del Aeropuerto Internacional de Miami, donde un avión venezolano le esperaba. En éste, una doble tripulación, guardias, oficiales, un doctor y una enfermera habían estado preparados por 5 días, de acuerdo con la sugerencia del Departamento de Estado norteamericano. El auto del exdictador se estacionó en el aeropuerto durante 35 minutos, en tanto los oficiales federales llamaban a Washington para asegurarse de que debían dejar al excaudillo fuera de su custodia. A las 12:25 p.m. el exmilitar caminó entre una doble fila de 30 guardias venezolanos y estadounidenses hacia el avión, donde le fue dicho que podía tomar cualquier asiento que quisiera. Doce detectives venezolanos lo acompañaban. Su hija Margot había conducido hasta el aeropuerto para despedirse, mientras su esposa y sus otras tres hijas permanecían en casa. Marita Lorenz[4] llegó demasiado tarde para verlo partir.

Pérez Jiménez en Miami, minutos antes de ser extraditado a Venezuela.[5]

Bibliografía

Alejandro Cardozo Uzcátegui; SciELO. La propaganda política durante el perezjimenato: en la búsqueda de la legitimidad de ejercicio y la diplomacia velada 1952-1957. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962009000200002

BIBLIOFEP (Biblioteca Fundación Empresas Polar), Historia. Pérez Jiménez, Marcos. https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/p/perez-jimenez-marcos/

Enrique A. Baloyra & John D. Martz. Political Attitudes in Venezuela, Societal Cleavages & Political Opinion (USA, 1979).

Judith Ewell; Jstor. The Extradition of Marcos Perez Jimenez, 1959-63: Practical Precedent for Enforcement of Administrative Honesty? https://www.jstor.org/stable/156130?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents

Judith Ewell. The Indictment of a Dictator, the Extradition and Trial of Marcos Pérez Jiménez (USA, 1981).

Macpecri. Pérez Jiménez: juicio y condena. http://macpecri.com/desafiohist/?p=507

Milagros Socorro; Prodavinci. Pérez Jiménez con sus abogados defensores. https://prodavinci.com/perez-jimenez-con-sus-abogados-defensores/

Rafael Arráiz Lucca. El “trienio adeco” (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía.

Rafael Cartay. La filosofía del régimen perezjimenista: El Nuevo Ideal Nacional. https://web.archive.org/web/20160706053618/http://iies.faces.ula.ve/Revista/Articulos/Revista_15/Pdf/Rev15Cartay.pdf

RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina). Título: Relaciones civiles-militares en el siglo XX venezolano – Capítulo II – El protagonismo militar venezolano, velado primero y directo después: Del General y Jefe Supremo Juan Vicente Gómez al General de División Marcos Evangelista Pérez Jiménez, de una a otra dictadura. https://www.resdal.org/Archivo/dom-cap2.htm

Universidad Simón Bolívar. El Estado Cuartel en Venezuela (diciembre, 2014).


[1] Venezuela en retrospectiva. Leonardo Ruiz Pineda. https://venezuelaenretrospectiva.wordpress.com/2017/10/28/leonardo-ruiz-pineda/?blogsub=confirming#subscribe-blog

[2] Marcos Pérez Jiménez (PerezJimenez52; Twitter). https://twitter.com/PerezJimenez52/status/1349801869254778883/photo/1

[3] Marcos Pérez Jiménez (PerezJimenez52; Twitter). https://twitter.com/PerezJimenez52/status/423208400910958592/photo/1

[4] Espía del gobierno estadounidense, de origen alemán, involucrada en un intento para asesinar a Fidel Castro. Tuvo un romance con Marcos Pérez Jiménez desde 1961, teniendo incluso una hija de él.

[5] Marcos Pérez Jiménez (PerezJimenez52; Twitter). https://twitter.com/PerezJimenez52/status/1349824270722072580/photo/1