El origen del desastre venezolano
Que las sanciones han agudizado la situación de los venezolanos es un hecho tan probado como el de que la crisis no fue empezada por éstas, tal y como pretende sugerir Rangel en su artículo. El poder adquisitivo y los servicios básicos ya eran un completo desastre antes de que el Departamento de Estado llevara a cabo las primeras acciones administrativas en contra de la dictadura en febrero del 2015, apenas imponiendo restricciones de visado a ciertos funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos y corrupción. Mucho más cuando las primeras sanciones financieras aparecieran en 2017. No por nada en el 2014 iniciaron unas masivas y violentas protestas contra el madurismo que no pararían si no hasta varios años más tarde.
La política de excesivo gasto público adoptada por el gobierno de Chávez –en parte bajo el formato de sus famosas «misiones»– y después por su sucesor, que fue relativamente exitosa en los primeros años del comandante gracias a un alto y estable precio del crudo, provocó que ya en el 2012 la deuda pública externa de Venezuela fuera de 113.000 millones de dólares, con vencimientos estipulados en el muy corto plazo. Cosa que, junto a una reforma promovida en el 2005 por el nacido en Sabaneta, que permitía la apropiación por parte del gobierno de una buena cantidad de reservas internacionales –que estaría destinada a un fondo de inversiones en el sector público– y le otorgaba a PDVSA el poder de decidir la tasa de cambio de las divisas de origen petrolero, hizo que la economía venezolana se hallara en serias dificultades a fines de ese 2012; con un nivel líquido de reservas internacionales casi agotado por completo y con pérdidas de acceso a los mercados financieros externos. La respuesta de Maduro para palear este problema y el impacto del alto monto del servicio de deuda de la república y de PDVSA, que en el 2015 se comería el 55% de las exportaciones y que, en consecuencia, restringía las divisas, fue recortar las importaciones, que pasaron de 66.000 millones de dólares en 2012 a 12.300 millones de dólares en 2017. Los efectos de tal medida fueron: el colapso sin precedentes de la producción nacional y la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad.
El sector privado, que jamás fue autónomo, con Hugo Chávez, ya desde su primer mandato, empezó a ver en el gobierno a una suerte de suerte de promotor de reformas amenazantes a la propiedad, a la seguridad jurídica y a la rentabilidad; a un rival que no dudaría a la hora de perjudicar sus intereses, si ello era lo que satisfacía los suyos. A partir del 2017 esta percepción terminó de convertirse en una realidad con el «Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación» para el período presidencial 2007–2013, en el que Chávez y Jorge Giordani, su ministro de planificación, plasmaron la nacionalización de todos aquellos sectores estratégicos para la economía nacional. Así, una serie de expropiaciones que comenzaría en 2007 terminaría más tarde con un total de 1.167 empresas poseídas por el Estado; dentro de las que se encontraban compañías del sector de telecomunicaciones y electricidad, de la minería y de las industrias básicas del hierro, el acero y el cemento. Pronto dichos despojos de propiedad privada abarcarían complejos hoteleros, bancos, fábricas de vidrios y fertilizantes, compañías de lubricantes, fábricas de envases de aluminio, cartón y ferretería, cadenas alimentarias completas, supermercados y hasta 3 millones de hectáreas de tierras cultivables. Por su parte, las compañías extranjeras que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco se vieron obligadas a aceptar nuevos términos de propiedad y control sobre sus proyectos de explotación y nuevos arreglos tributarios impuestos por el Estado. Desde el 2007 al 2009, el gobierno tuvo que desembolsar más de 23.000 millones de dólares para pagar expropiaciones y nacionalizaciones; cifra que algunos expertos estiman superior a la producción de petróleo durante el mismo período, y que supera todo el dinero destinado al gasto social entre el 2001 y el 2009.
La mayoría de estas incautaciones terminaron siendo profundos fracasos. Las industrias siderúrgica, minera y cementera se paralizaron; las compañías de servicios de electricidad y telecomunicaciones quedaron arruinadas por falta de inversiones; y un montón de empresas agroindustriales cerraron o trabajan en la actualidad en su mínima capacidad. La desenfrenada tendencia del gobierno a controlar el aparato productivo dio al traste con la iniciativa privada y la rentabilidad empresarial; mismas que se verían todavía más agredidas cuando en el 2014, Maduro creara instrumentos legales para combatir la inflación, mediante el control de precios, la regulación de los márgenes de ganancias en todas las cadenas de comercialización, y la aplicación de controles más rigurosos a la producción, inventarios y distribución de los centros de expendios. El resultado, además una inflación indetenible, fue mortalidad empresarial, escasez de productos y la aparición de un fuerte mercado negro.
El control sobre PDVSA con el que Hugo Chávez logró hacerse, le permitió utilizar esta empresa como una suerte de agencia de desarrollo de naturaleza parafiscal, y manejar sus presupuestos con absoluta discrecionalidad. Tuvo lugar de esta manera un conjunto de prácticas para redirigir parte de la renta petrolera fuera de los controles presupuestarios y fiscales normales del Estado, que hizo, probablemente, que no pocos se llenaran los bolsillos, y que grandes sumas de dinero fueran destinadas a programas sociales y de inversión pública. El doctor en economía Leonardo Vera, en uno de los artículos que estoy usando para escribir éste, estima que casi 124.000 millones de dólares fueron desviados de la renta petrolera de PDVSA a los referidos programas.
Una política de anclaje de la tasa de cambio que perjudicaba los ingresos de PDVSA, al estancarlos, en contraste con sus gastos fuera de control, agravaría el déficit que la compañía ya tenía gracias a su acumulación de deudas. La reforma parcial de la Ley del Banco Central del 2009, que autorizó a la institución a financiar de forma directa y sin límites a las empresas e institutos públicos, echaría más leña al fuego. Pronto los precios del petróleo, que era lo que impedía que estas políticas de nacionalización y gasto frenético depararan en un cataclismo, se vinieron abajo; la recesión se profundizó, la inflación tuvo un nuevo auge y la erosión de los ingresos tributarios internos se hizo visible. Luego, ante una renta petrolera mermada, ingresos tributarios internos insuficientes y restricciones al financiamiento internacional, al gobierno no se le ocurrió otra mejor idea que imprimir billetes para financiarse. A continuación, la aparición de una economía que no hace más que reducirse y una calamitosa calidad de vida para la población.
Vemos entonces que la economía de Venezuela jamás necesitó de los ataques de Washington para implosionar y llegar al estado en el que ahora se encuentra. De modo que aquello del alza indiscriminada de precios y saboteo de servicios, que, según Rangel, son estrategias de la «capitalista liga del mal», en realidad no son más que consecuencias de una intransigente ideología izquierdista de repartición en la que, quienes reparten, saquean a más no poder. Considerando la realidad ¿Podría alguien tener dudas sobre quién verdaderamente representa el mal en esta historia de Venezuela y el marxismo contra la «derecha radical»? ¿Alguien puede ser tan tonto como para creer algo de lo que dicen escritores como Orlando Rangel para El Ciudadano? Yo diría que no; nadie con más de dos dedos de frente creería, por ejemplo, que la «extrema derecha» se propuso invadir Venezuela en febrero del 2019, después del concierto benéfico organizado por Richard Branson en el puente internacional Las Tienditas. De acuerdo con el mencionado autor, tal invasión sería llevada a cabo por grupos irregulares armados en Cúcuta, y estarían auspiciados por Estados Unidos, y por los gobiernos de Chile, Colombia y Paraguay, mediante la presencia de sus mandatarios.
Los verdaderos villanos
A nuestro indagador autor izquierdista nadie le dijo que con el concierto en la frontera de Venezuela se buscaba recaudar fondos benéficos e impulsar la entrada de camiones de ayuda humanitaria, tan necesarios para tantas personas dentro del país. Y aunque sin duda hubo motivaciones políticas detrás de todo aquel espectáculo –de lo contrario no hubiera sido tan importante para la oposición venezolana–, la verdad es que en él Maduro mostró, de nuevo, su faceta más tiránica al impedir mediante militares y colectivos armados[3] que la ayuda llegara a quienes la necesitaban y aún hoy desearían tenerla.
Como no podría faltar, en su incesante diatriba contra la supuesta «derecha extremista» Rangel la acusa de haber «robado» recursos de Venezuela por un valor superior a los 60.000 millones de dólares; una parte, según él, proveniente del «mercado financiero internacional», y la otra en activos y bienes de PDVSA, y filiales como la refinería CITGO y la empresa Monómeros, todos «secuestrados» por la referida «derecha criminal». Cualquier soso que vea estas afirmaciones creería de inmediato que toda la narrativa de la izquierda latinoamericana sobre la responsabilidad estadounidense de la catástrofe venezolana, es una verdad incuestionable, ¿Cómo no va a estar el país caribeño en crisis con todo lo que le han «robado»? Los que conocen un poco los detalles, sin embargo, se preguntarían qué diantres pensará el autor del artículo que es el mercado financiero internacional ¿Acaso lo verá como una suerte de caja fuerte en la que los países guardan su dinero? ¿Una que los maléficos imperialistas asaltaron sólo porque les dio la gana? Vaya usted a saber.
Por otro lado, qué curioso es que los socialistas cataloguen las expropiaciones de sus bienes y las de sus asociados como «hurtos» y/o «secuestros», y no digan lo mismo respecto a las que ejecutan gobiernos afines a sus ideales sobre los sectores privados nacionales. Bueno, no es curioso en realidad, ya sabemos que si hay algo que caracteriza a estos individuos, eso es el sentimiento de «compañerismo» que todos comparten; mismo que por supuesto desaparece tras la primera puesta en escena de la miseria. De cualquier forma, el imparcial Rangel –nótese el sarcasmo– no menciona ni por casualidad la serie de expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo tanto por Chávez como por Maduro, en acciones donde el calificativo de «robo» sin duda aplicaría de mejor manera. Mucho menos parece estar enterado del hecho de que en el 2016 la deuda del gobierno era tan astronómica y el riesgo del país tan alto, que Maduro, en octubre, tuvo que ofrecer de garantía prendaria a los tenedores de bono PDVSA 2017, el 50.1% de las acciones de CITGO, para poder canjear una nueva deuda con fecha de vencimiento en el 2020. Asimismo, en diciembre, dio en garantía el otro 49.9% de las acciones a Rusia, por un préstamo de 1.5 mil millones de dólares que este país le otorgó.
De forma que, si hay individuos que que han robado y despilfarrado los recursos de Venezuela, gracias a políticas sinsentido, esos son, en primer lugar, Hugo Chávez, y en segundo, Nicolás Maduro; obviamente sin dejar de lado a la panda de manganzones que, por rodearlos, recibieron su pedazo de pastel.
El hecho de que CITGO haya sido incautada en agosto del 2018 por la decisión de un tribunal en Delaware presidido por el juez norteamericano Leonard Stark se debió precisamente a que el gobierno venezolano no había pagado la suma de 1.400 millones de dólares a la empresa canadiense Crystallex, por concepto de indemnizaciones, dada la nacionalización que Chávez llevó a cabo en contra de ella en el 2008, luego de haberle otorgado una concesión en el 2002 para la explotación de la mina de Las Cristinas, uno de los yacimientos auríferos más importantes del mundo. La canadiense fue solo una más de la larga lista de empresas expropiadas por el gobierno de Chávez, en la que figuran nombres como Exxon Mobil y ConocoPhillips. Y es que la euforia nacionalizadora de la revolución rojita fue tan pasmosa, que, como ya indiqué antes, el Estado terminó siendo el poseedor de las más importantes compañías de los sectores: cementero, agrícola, siderúrgico, de telecomunicaciones, de generación eléctrica, minero, bancario, de transportes y de turismo. Pregúntese ahora el lector por los niveles de producción, transparencia y rentabilidad de estas industrias.
En la actualidad, la producción de cemento no es para nada lo que fue hace más de una década; millones de venezolanos se ven en la necesidad de cultivar sus propios alimentos ante la escasez y altos precios de los que hay en el mercado; en el 2019 la producción de acero alcanzó un mínimo histórico; el rubro de las telecomunicaciones sufre un severo estancamiento desde hace más de una década; los apagones son parte del pan de cada día de la población; las minerías de oro se hallan subyugadas a la voluntad de verdaderas mafias y grupos de crimen organizado; la inflación está desbordada desde hace años; no pocas empresas públicas de transportes se han convertido en auténticos cementerios de chatarra; el turismo vive una profunda crisis; y los venezolanos deben hacer colas de varios días para poder surtir gasolina. Normal que en este punto surjan los ya típicos cuestionamientos hacia el gobierno revolucionario de: ¿Para qué llevaron a cabo tantas nacionalizaciones? ¿Qué hicieron con todo el dinero al que tuvieron acceso a través de ellas? ¿Dónde quedó la supuesta «independencia plena» y soberanía alimentaria, prometidas por el fallecido mandatario? La deuda del país, que, según estimaciones de la oposición política, asciende hoy a 160.000 millones de dólares, y un PIB que es apenas un tercio de lo que fue hace 6 años, son otros indicadores de quiénes han sido los verdaderos responsables de la catástrofe actual.
Ahora, vale aclarar que el «secuestro» de CITGO y la empresa Monómeros al que Rangel hace referencia, como con la intención común de los partidarios de izquierda de sugerir que éstas fueron arrebatadas a los venezolanos por parte del imperio estadounidense, es por supuesto una falacia en todo sentido. Siendo rigurosos, la incautación de CITGO no fue ordenada por el gobierno de Estados Unidos, sino, como se dijo antes, por un juez federal independiente; pero claro, para los comunistas, habituados a instaurar dictaduras partidistas, es impensable que exista una nación en el que el máximo órgano de justicia sea independiente del ejecutivo. Bien dicen que cada ladrón juzga por su condición. Por otro lado, las mencionadas compañías todavía pertenecen a la nación caribeña, con la única diferencia de que ahora su control está en manos de la Asamblea Nacional y no de Maduro y sus acólitos, que ya han demostrado hasta el cansancio sus «dotes» administrativos y las tretas a las que están dispuestos a recurrir para mantenerse en el poder; mismas que constituyen la causa de todas las sanciones que pesan sobre ellos. Algo similar sucede con el oro retenido en el Banco de Inglaterra, que este país se negó a ceder al gobierno de Maduro, dado su reconocimiento de Guaidó como el auténtico presidente de la república.
En este punto, no se puede dejar pasar la oportunidad de evidenciar por infinita vez la contradicción en la que incurren los socialistas –al menos, la mayoría de los políticos y aficionados socialistas y comunistas latinoamericanos–, al criticar en demasía el capitalismo y al que, según ellos, es su máximo representante, al tiempo que se quejan de que este último tome la decisión de vetarlos de su mercado; mostrando así la irremediable dependencia que tienen de su supuesto enemigo y su «perverso sistema».
Falacias risibles
Volviendo al contenido del artículo de El Ciudadano, quien lo lea podrá notar que el autor habla muchas veces de «medidas» que ha estado tomando el gobierno de Maduro –ya para enfrentar el COVID-19, o para mantener la economía del país en funcionamiento–, pero rara vez las nombra de forma específica; cosa que, junto con lo ya expuesto sobre la realidad sanitaria en la nación llanera, nos dice el nivel de credibilidad y seriedad de sus afirmaciones. Mismas que de vez en cuando tienen tal grado de ficción, que se vuelven incluso graciosas, como las que utiliza para halagar «la plataforma» Carnet de la Patria, a través de la que, según él, el gobierno otorga recursos económicos a las familias y las orienta en cuanto a las medidas tomadas para combatir la propagación del coronavirus y la distribución de alimentos por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Para empezar, supongo que Rangel se refiere a la plataforma «Patria», dado que el Carnet de la Patria como tal no es más que un documento de identidad –ni esto fue capaz de investigar bien el autor–, luego, pensar que este sistema es beneficioso para la población en la circunstancia en la que la mayoría de ésta vive, es ya redundar en lo absurdo. Ya sabemos que Maduro no tiene la más mínima capacidad de combatir de manera efectiva el COVID-19, y que ningún bono del gobierno es ni ha sido suficiente para palear la crisis. A decir verdad, regalar dinero y hacer que la gente siga dependiendo de ello, es profundizar todavía más el problema de los venezolanos. Ni hablar de los CLAP y su completa incapacidad para menguar el desastre alimentario, ni de la corrupción que encierra tal programa, por la que, entre otras cosas, fue juzgado Alex Saab –testaferro de Maduro según la exfiscal general Luisa Ortega Díaz–, en Cabo Verde.
Otros cómicos alegatos son el de que Jeanine Añez, expresidenta interina de Bolivia, dirigía una dictadura, y esos con los que pretende hacer ver que Maduro se preocupa por los ciudadanos venezolanos que regresan a su país, luego de malas experiencias de inmigración en naciones vecinas debido a la llegada de la pandemia y a la situación económica de éstas. El comentario del líder socialista que Rangel usa para alabarlo:
Ellos [los inmigrantes venezolanos] han regresado desesperados, huyendo de la miseria, de la xenofobia, de la persecución, del coronavirus y del «corona-hambre». Los que se fueron del país saben, en el fondo, que aquí hay una patria, un Estado que los protege y una familia que les da solidaridad, que los ayuda, porque la familia venezolana es especial.
Contrasta bastante con su acusación a la parte de los referidos migrantes que ingresan a Venezuela por pasos irregulares, al llamarlos «bioterroristas» y culparlos descabelladamente del brote del virus: «Vamos por los “trocheros”[7], a ubicarlos para cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad que algunos pudieran traer»[8]. Para variar, los controles fronterizos que regulan el regreso de los venezolanos a su país funcionan de forma tan deficiente y despreocupada que miles de personas deben permanecer hacinados en algún sitio de ciudades fronterizas colombianas, en condiciones de insalubridad y carencia de alimentos, mientras esperan su turno para entrar a su tierra. Resulta patente que las supuestas «medidas efectivas» de Maduro para los inmigrantes no trascienden más allá de la mera fábula.
Finalmente, la cereza de este pastel textual la coloca Rangel cuando cita al «filósofo» y «analista político» Miguel Ángel Pérez Pirela, para atacar una vez más a los «gobiernos de derecha» de América Latina, alegando que están confabulados para boicotear las cuarentenas «que con tanta cautela y consciencia social han labrado los pueblos». Es tan risible esta afirmación que ni siquiera vale la pena refutarla. Ya hablaremos sobre este curioso personaje en otra ocasión.
A primera impresión, el periódico web de El Ciudadano no se ve como uno de esos engendros informativos y/o pseudointelectuales que abundan en la red y que parecen haber sido creados por individuos mentalmente insanos. No, éste, –dejando de lado la ausencia de exposición de fuentes bibliográficas–, se presenta más bien como una página seria y bien ordenada, en cuyos artículos se informa y se opina sobre situaciones que ocurren en Latinoamérica y el mundo, desde un punto de vista, si se quiere, alternativo. Hasta aquí nada fuera de lugar, pues hay –y siempre ha habido– académicos y/o activistas de orientación socialista con ideas bastante respetables –pese a lo que puedan pensar, de hecho, la gente que está harta de sufrir las consecuencias de políticas socialistas nefastas–. Las cosas cambian, por supuesto, con el contenido de varios de sus artículos, como el que hemos tratado aquí, que expone tantas argucias que, en primer lugar, resulta harto ofensivo para los millones de venezolanos que sufren los desastrosos efectos de las decisiones tiránicas del gobierno revolucionario.
Es difícil sentir respeto por autores como Orlando Rangel, y en general por periódicos como El Ciudadano, sabiendo que entre sus artículos se difunde cualquier clase de desinformación y barbaridades que no solo atentan contra la verdad y los mecanismos adecuados para llegar a ella, elementos sumamente importantes desde un punto de vista histórico y sociológico, sino que también promueven una percepción distorsionada de la realidad, que la divide entre «buenos» y «malos», o «izquierda» y «derecha», –incluso aunque esto pueda no ser la norma en la mayoría de sus publicaciones, que honestamente lo dudo–; cosa que además de impedir la autorreflexión –haciendo creer que todo lo de la «izquierda» es bueno y todo lo de la «derecha» es malo–, fomenta la intolerancia y el fanatismo. Actitudes que todos deberíamos reconocer como peligrosas.
El Ciudadano debería intentar ser más responsable con sus cientos de miles de seguidores –y aquí tal vez se halle lo peor de sus artículos: la cantidad de personas que seguramente creen en la falaz narrativa que exponen–, y dejar de avivar esa visión sesgada, propia de activistas radicales de cualquier ideología política, según la que quien no está a mi favor, está en contra. La realidad es muchísimo más complicada que eso.
Bibliografía
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Diego Oré; Reuters. México congela cuentas a los acusados por EEUU de ayudar a Venezuela a evadir sanciones. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN23Q37T
El Mostrador. HRW y Johns Hopkins: Maduro miente sobre cifra de muertes por coronavirus en Venezuela. https://www.elmostrador.cl/dia/2020/05/26/hrw-y-johns-hopkins-maduro-miente-sobre-cifra-de-muertes-por-coronavirus-en-venezuela/
EFE. Un juez de EEUU autoriza la incautación de Citgo, filial de PDVSA. https://www.efe.com/efe/america/economia/un-juez-de-eeuu-autoriza-la-incautacion-citgo-filial-pdvsa/20000011-3716395
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Juan Paullier; BBC. Lo que se sabe de las expropiaciones de Chávez. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/01/111207_venezuela_economia_expropiaciones_chavez_jp
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Miguel Ángel Santos, Douglas Barrios; Prodavinci. ¿Cuánto puede tomarle a Venezuela recuperarse del colapso económico y qué debemos hacer? https://prodavinci.com/cuanto-puede-tomarle-a-venezuela-recuperarse-del-colapso-economico-y-que-debemos-hacer/
Raúl Castillo; ABC. El ABC de las sanciones de EE UU: ¿realmente influyen en la crisis económica venezolana? https://eldiario.com/2020/09/26/sanciones-influencia-estados-unidos-venezuela/
Statista. Los países más y menos preparados para una epidemia. https://es.statista.com/grafico/20971/capacidad-de-respuesta-a-una-epidemia-o-pandemia-en-2019/
Transparencia Venezuela. Las cifras rojas de la industria cementera en manos del Estado venezolano. https://transparencia.org.ve/project/las-cifras-rojas-la-industria-cementera-manos-del-estado-venezolano/
[1] Carlos Seijas Meneses; Tal Cual Digital. Cómo zafarse de $150.000 millones de deuda externa según exministro de Chávez. https://talcualdigital.com/como-zafarse-de-150-000-millones-de-deuda-externa-segun-exministro-de-chavez/
[2] Estrategia y Negocios. Venezuela, cinco años después de expropiaciones. https://www.estrategiaynegocios.net/inicio/825628-330/venezuela-cinco-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-de-expropiaciones
[3] Los «colectivos» son grupos armados que apoyan al gobierno de Maduro, y que han atacado a protestantes, periodistas, estudiantes o a personas sospechosas de ser críticas de éste. A veces con la anuencia de fuerzas de seguridad y en algunos casos incluso coordinados abiertamente con ellas.
[4] Portafolio. Venezuela ubica nuevos obstáculos en el puente binacional Tienditas. https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-ubica-nuevos-obstaculos-en-el-puente-binacional-tienditas-527710
[5] Diario Las Américas. Venezolanos sortean la peor crisis de transporte de su historia. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezolanos-sortean-la-peor-crisis-transporte-su-historia-n4158277
[6] El Confidencial. Venezuela: al país con las mayores reservas mundiales de crudo se le agota la gasolina. https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-05-24/venezuela-sin-gasolina-mayores-reservas-petroleo_2020690/
[7] «Trocha» se utiliza aquí para referirse a los pasos fronterizos irregulares, siendo «trocheros» quienes los atraviesan.
[8] Francesco Manetto; El País. Maduro redobla la ofensiva contra los migrantes que retornan por pasos ilegales en medio de la pandemia
[9] Deustche Welle. HRW: Venezuela somete a hacinamiento e insalubridad a personas retornadas. https://www.dw.com/es/hrw-venezuela-somete-a-hacinamiento-e-insalubridad-a-personas-retornadas/a-55251809
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