Las fallas de la dictadura perezjimenista

No se puede negar que el énfasis en la construcción civil del Nuevo Ideal Nacional trajo consigo beneficios específicos como el notable crecimiento de la industria de la construcción, y el desarrollo y consolidación de relevantes capitales relacionados a este rubro. Ni que su política de «puertas abiertas» –que también caracterizó a la dictadura–, con la que se pretendió atraer al país mano de obra calificada y que permitió la llegada en poco tiempo de más de medio millón de inmigrantes, –en su mayoría italianos, españoles y portugueses que huían de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, el régimen fascista y la guerra civil de España–, generó un impacto decisivo en la economía, al proveerla de obreros, artesanos, comerciantes, personal de servicio, operarios, técnicos y otros; y al promover la creación de nuevas empresas, inversión de capitales extranjeros, desarrollo del sistema bancario, de la agroindustria y otros sectores industriales.

Ahora, lejos de la apariencia de éxito económico que estas dos realidades exponen –y que el aparato propagandístico de la dictadura supo capitalizar para vender una buena imagen del régimen de Pérez Jiménez y del gobierno de las Fuerzas Armadas–, ambas, debido a las características propias del régimen y de los caminos que éste utilizó para llegar a ellas, implicaron efectos económicos y sociales nocivos. Empezando por el hecho de que, dado que el objetivo de la actividad de edificación era la legitimación a partir de una visión fetichista de la modernidad, según la cual ésta consistía en logros materiales y el lujo, por tanto, era un símbolo de ascenso social, varias de sus obras, aunque espectaculares, constituyeron gastos que no produjeron ningún tipo de utilidad y cuyo impacto en el entorno natural o ciudadano nunca fue tomado en cuenta. Ejemplos de esto son: el hotel Humboldt, ubicado en la cima del cerro El Ávila, al norte de la ciudad capital, que jamás ha sido rentable desde su construcción en el año 1956; y la Planta Petroquímica, que, localizada en una zona inadecuada y remota y dirigida por oficiales cercanos a la dictadura que no tenían la más mínima calificación técnica, terminó siendo deficitaria.

Por su parte, la importación de trabajadores europeos capacitados, en lugar de influenciar el florecimiento de la clase trabajadora nacional, lo que hizo fue desmovilizarla, al desplazar a sus integrantes menos calificados, ofrecer su apoyo político a la dictadura e incluso oponerse a las demandas de otros empleados en sus centros de trabajo.

A diferencia de las administraciones anteriores, que buscaron el apoyo de la población para sustentar su poder y, en ese sentido, habían intentado maximizar los ingresos del estado a través de una mayor participación en las ganancias petroleras, el gobierno militar de Pérez Jiménez, que no tenía el apoyo popular y que, por tanto, encontraba el respaldo a su mandato en el capital privado y extranjero, estuvo satisfecho con su postura amigable hacia las compañías foráneas que explotaban el crudo y el ingreso que éstas le dejaban. Así, no intentó establecer un control nacional sobre los precios del petróleo ni sobre la administración de los asuntos petroleros; no propuso planes para fundar una compañía petrolera nacional; y no alentó a los inversores norteamericanos –que predominan desde 1945–, a reinvertir las ganancias en la economía nacional no petrolera, permitiéndoles a su vez la declaración de ingresos por ventas, inferiores al valor real. Por ello, siguiendo a Fernando Coronil, entre 1949 y 1954, el ajuste impositivo del régimen perezjimenista significó una pérdida en los ingresos de 4.508 millones de bolívares.

Marcos Pérez Jiménez.[1]

De modo que, con una política petrolera pasiva y amistosa, el régimen militar pensó en ingresos inmediatos y fue incapaz de desarrollar estrategias de largo plazo que le dieran la posibilidad de impulsar una economía nacional más fuerte que no se tambaleara –o que lo hiciera en menor medida– cuando el período de auge en la producción y exportación –devenida más que nada por factores externos– empezara a desaparecer. 

Cuando necesitó incrementar sus entradas debido a equivocadas inversiones o mala administración, la dictadura vendió más concesiones. Lo que, de hecho, exhibe la enorme tendencia de ésta a traer al país capital transnacional. Misma que, aunque abrió el camino al capital local hacia el sector industrial y, a través de un alto nivel de importaciones que reducía la presión inflacionaria debida al volumen de dinero que ingresaba a la nación, produjo una expansión comercial, pronto limitaría la capacidad de industrialización continuada e impediría que los nacientes intereses industriales obtuvieran tarifas preferenciales para aquello que querían producir en el país –si bien esto no se daba en todos los rubros–. Dichas tarifas proteccionistas serían concedidas por el Estado sin orden alguno a sus círculos clientelares, siempre y cuando no violaran los acuerdos con USA; y ello, dada la poca cantidad de empresas que la recibían en cada línea productiva, les permitió a éstas crear monopolios, cosa que le dio forma a la estructura oligopólica que caracterizaría a la producción venezolana.

Además de lo anterior, el régimen restringió a la clase trabajadora local a través, entre otras cosas, de la destrucción del movimiento sindical; lo que, pese al auge de la economía, hizo que las demandas de los trabajadores se mantuvieran bloqueadas y puso punto final al aumento gradual de los salarios reales que había comenzado en 1945. La dictadura mantuvo el control sobre la producción de bienes militares estratégicos para la seguridad nacional, y sobre las industrias básicas y otras relacionadas con ellas; excluyendo de esta forma al sector privado, donde no quería que se crearan centros alternativos de poder. Así, el crecimiento de los hombres de negocios en Venezuela que se debió al esplendor petrolero fue limitado por las políticas perezjimenistas, que no deseaban el establecimiento de una empresa privada independiente. Un ejemplo es el sector bancario, que se desarrolló con rapidez dada la expansión de las entradas fiscales, pero que tuvieron obstáculos para financiar el avance industrial porque tenían prohibido realizar préstamos por un tiempo mayor a dos años. Éstos solo podían provenir del capital extranjero.

Comprensible que la tasa de crecimiento anual de la industria durante el régimen, aunque alta (11.4%), no implicara una participación de ésta en la economía demasiado importante. Situación que, a decir verdad, se ve particularmente corroborada en el hecho de que entre 1950 y 1957, el empleo en este sector aumentó sólo de 188.000 puestos a 242.000. Desde cierto punto de vista, me parece que es probable que, de haberse mantenido la democracia iniciada por AD, el crecimiento económico pudo haber sido tanto igual o mejor, como más beneficioso a la larga –por la intención de incrementar hasta el límite el ingreso estatal–. Empezando por las pocas diferencias en el comportamiento a la hora de realizar inversiones entre uno y otro sistema.

Resulta razonable entonces pensar que, de acuerdo con Coronil, citando a un economista venezolano: «el caso venezolano en la década 1950-1959 es el de un proceso sin plan ni programa donde la política industrial era solo un reflejo de la política del gasto público». Finalmente, sería este marco político de control, con el que Pérez Jiménez intentó disciplinar y mantener a raya a la población y ganó cierta consolidación en sus inicios, lo que terminaría mermando su dictadura.

La crisis de la dictadura

Cuando, hacia fines de 1957, se detuvo la expansión del ingreso petrolero, principal motor del relativo desarrollo económico hasta entonces, se generó una contracción fiscal que dio paso a una presión hacia el sector privado de parte de sus acreedores y a que muchas empresas se aproximaran a la bancarrota. La práctica perezjimenista de posponer los pagos –adoptada años antes–, por su lado, profundizó este problema e hizo que el gobierno adquiriera una deuda flotante de más de 4.000 millones de dólares –casi 40.000 millones en dólares del 2018–. Lo mismo la indiferencia del tirano hacia el sector privado, que agravó la escasez financiera y puso a las élites a pensar acerca de la viabilidad de su sistema de gobierno. 

Junto con esta realidad aparecía también la de que, a esas alturas, el tirano, contrario a lo que su gabinete había pensado al inicio de su mandato, no contaba con el suficiente apoyo popular para ser reelegido en las elecciones de ese año pautadas por la constitución que él mismo impulsó en 1953. Esto lo llevó a presionar a Rafael Caldera, líder de COPEI, el único partido que rivalizaría al de la administración en la contienda –pues era el único legal–, para que rechazara el apoyo de las organizaciones políticas ilegalizadas. Caldera se negó y fue arrestado, lo que, dadas las relaciones de éste con la jerarquía católica y la élite ciudadana, aisló todavía más a Pérez Jiménez.

De modo que esta dictadura, que anteriormente llegó a contar con el respaldo de los capitales de la construcción, buena parte del empresariado nacional vinculado al crecimiento urbano, la banca, el comercio, una creciente burguesía industrial, los grupos más conservadores de la Iglesia y numerosos intelectuales, ahora se enfrentaba al hecho de que sus obras no habían sido suficiente para contar con la simpatía del grueso de la población. En este sentido, ya a inicios de 1957 la oposición al gobierno y a su política tanto de persecución y arresto de periodistas e intelectuales, como de entronización de las fuerzas armadas –muy favorecidas a lo largo de la década, con el ejercicio de puestos de poder, el recibimiento de recursos, la construcción de modernas instalaciones, reformas de sus estudios y, en general, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus integrantes–, se hizo visible a través de reiteradas protestas estudiantiles y una mejor organización de los partidos políticos que se habían mantenido activos desde la clandestinidad. Pronto las manifestaciones sostenidas de varios sectores empezarían a crear fisuras dentro de la institución castrense.

Organización en contra del régimen

La pastoral del arzobispo de Caracas, monseñor Rafael Arias Blanco, del 1 de mayo, que llamaba a la reivindicación del movimiento obrero y expresaba la queja de que, pese a los altísimos ingresos per cápita, el venezolano corriente seguía viviendo en la miseria, sería un indicador para la dictadura de que la Iglesia no estaba de su lado y de que, a decir verdad, era bastante probable que no contara con el favor de sectores determinantes de la ciudadanía. En esta dirección también apuntaba las constantes críticas al régimen de parte del periódico católico La Religión, lo que provocó que su director, el padre Hernández Chapellín, fuera perseguido. Un mes más tarde, Fabricio Ojeda, líder de la URD, y Guillermo García Ponce, dirigente del PCV, alinearon fuerzas para formar la Junta Patriótica, con el objetivo de luchar por la instauración de un gobierno democrático mediante elecciones libres. A esta organización clandestina se unirían en agosto COPEI y AD.

Desde su inicio, la Junta Patriótica publicó boletines y manifiestos para marcar la pauta de la resistencia al régimen, haciendo énfasis en la fractura dentro de las Fuerzas Armadas respecto al apoyo al tirano. Se dice que dicho distanciamiento empezó a darse desde 1952, cuando Pérez Jiménez mostrara tener un particular vínculo de confianza con Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional, y Laureano Vallenilla Planchart, su ministro de relaciones interiores, ambos civiles y vistos con recelo por parte de cierto sector militar. La Seguridad Nacional incluso llegó a tener control sobre las fuerzas militares.

Un segundo Fraude y el inicio de las revueltas

Pronto Pérez Jiménez reconoció que no le sería posible ganar en una contienda electoral limpia, y así, se dispuso a orquestar un nuevo fraude. Ignorando la inconstitucionalidad de tal maniobra, el 4 de noviembre anunció que habría un plebiscito a través del cual el pueblo votaría si aceptaba o no el programa de obras públicas y si favorecía su reelección. El 15 de diciembre, en tanto se ejecutaba el conteo de los primeros votos, Vallenilla Planchart anunciaba los resultados a la prensa internacional. Se consumaba un nuevo y monstruoso engaño que, manifestando que 81% de los electores respaldaba a Pérez Jiménez, intentaba investir a su dictadura con popularidad.

Perezjimenismo.[2]

Esta maniobra se sumó a la excesiva centralización del poder y beneficios del ejecutivo; a la exclusión de la élite militar de la administración; a la obstaculización del ascenso de oficiales jóvenes; y a la arbitrariedad en las decisiones que el dictador venía llevando a cabo –tanto al hacer nombramientos a partir de lealtades personales y no por mérito, como al destituir a militares que consideraba rivales en potencia–, para terminar de socavar la supuesta unidad de la institución armada. Pérez Jiménez fue proclamado el 21 de diciembre como presidente de la república por el CSE; el 29 la Junta Patriótica –que ya se había manifestado en contra de la ficción electoral desde el mismo día en que sucediera–, llamó a las Fuerzas Armadas a proteger la Constitución. Ya el 1 de enero se alzaba la Fuerza Aérea con base en Maracay, bajo la dirección de Hugo Trejo, quien venía desde 1955 armando un grupo de casi 400 soldados en contra de la dictadura. Se daba inicio entonces a una nueva crisis política.

La Junta Patriótica, más fortalecida que nunca, y que ya había llamado en más de una ocasión a la unidad nacional para combatir la dictadura, recibiría en diciembre la aprobación y la ayuda de una élite empresarial que ese año se había vuelto crítica a la indiferencia del régimen respecto a sus preocupaciones de industrialización y a su mal manejo económico. Eugenio Mendoza (expresidente del Sindicato del Hierro) y Mario Diez (ejecutivo de la subsidiaria del First National City Bank), se reunieron con los líderes de AD, URD e y COPEI en Nueva York con el propósito de organizar a la oposición y sentar las condiciones para el establecimiento de elecciones democráticas.

Aunque el régimen logró sofocar con rapidez la sublevación de Hugo Trejo –debido a la falta de coordinación de éste y sus aliados–, ésta alentó a que diversos sectores del país se pronunciaran con fuerza en contra del tirano. El 7 de enero ya había intensas manifestaciones de estudiantes haciéndole frente a la policía; asociaciones de profesores e intelectuales empezaron a censurar a la dictadura públicamente; incluso hizo lo propio la Asociación de Ingenieros, que era uno de los beneficiarios de ésta, mediante una declaración en la que reprochaba el plan de obras públicas. La apelación a las fuerzas armadas para que tomaran cartas en el asunto se hizo más frecuente.

En tanto la Junta culpaba de los excesos de la dictadura a Vallenilla, Estrada y al propio Pérez Jiménez –con el objetivo de quitar responsabilidad a los militares, pues claramente no podía tenerlos como enemigos–, este último metía presos a los disidentes y destituía a los otros dos para sustituirlos por oficiales y aumentar a siete el número de éstos dentro de su gabinete. El ejército trató de mantener el control desarmando cuarteles sospechosos de rebelión y confiscando municiones de la armada. Con todo, el descontento en la institución siguió creciendo y el propio ministro de Defensa, el general Rómulo Fernández, decidió ejecutar un nuevo golpe fallido. A partir de ello, Pérez Jiménez, incapaz de encontrar oficiales leales que le ayudaran a manejar la situación, asumió él mismo la dirección del Ministerio de Defensa, el 13 de enero. 

Al siguiente día importantes organizaciones civiles, entre ellas el Colegio de Ingenieros, continuaron exhibiendo su rechazo a la dictadura y reclamando por mayores libertades. Poco después la Junta Patriótica, a través de un comité que coordinaba la oposición ciudadana y militar, planeó acabar con la dictadura llevando a cabo una huelga general y un levantamiento armado, después de los cual Wolfgang Larrazábal, jefe de la armada, junto a dos civiles, formarían una junta para dar paso a la democracia. La estrategia fracasaría debido a que, si bien la huelga paralizó Caracas el 21 de enero, la sublevación en los cuarteles no llegó a buen puerto. Al día siguiente la revuelta parecía estar controlada y un Pérez Jiménez más relajado creyó que las aguas se calmarían. En unas cuantas horas más se daría cuenta de que sus minutos al mando de la nación estaban contados.

El 23 de enero de 1958

El contraalmirante Wolfgang Larrazábal lo llamó la noche del 22 de enero para, en representación de los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, exigir su renuncia. El dictador supo aquí que, aunque la revuelta civil se hallaba aplacada, la militar se encontraba en su punto más álgido. Pérez Jiménez solicitó a media noche una reunión con los oficiales insurgentes, con el propósito, probablemente, de intentar llegar a un acuerdo; el contraalmirante convino. Sin embargo, poco después éste se comunicaría con los coroneles Casanova y Romero Villate, quienes habían sofocado el levantamiento de Hugo Trejo el 1 de enero y desde entonces habían sido leales al régimen, para instarlos a sumarse a la insurrección. Ambos aceptaron, y cuando el dictador regresó al Palacio de gobierno, le informaron que tenía que abandonar Venezuela de inmediato.

Pérez Jiménez, sin aliados y sin fuerzas para luchar, salió del país a las 3 de la madrugada del 23 de enero en el avión presidencial, conocido como «la vaca sagrada», con rumbo a la República Dominicana gobernada por su amigo Rafael Leónidas Trujillo. De este modo llegaba a su fin la dictadura perezjimenista, que en sus últimos años se había tornado más personal, indiferente y arbitraria que nunca. A continuación, una Junta Militar de 5 miembros presidida por Larrazábal asumiría el mando del país; y en el amanecer de ese 23 de enero, en tanto los periódicos anunciaban el derrocamiento del dictador, masas populares eufóricas tomaron las calles de Caracas, provocaban la liberación de los presos políticos que se hallaban en el edificio de la Seguridad Nacional –al tiempo que linchaba a varios de sus policías–, y asaltaron las casas de Llovera Páez, Vallenilla Planchart y Estrada, quienes, según ya dijimos, eran vistos como los máximos representantes de la dictadura, después del propio Pérez Jiménez.

Titular de El Nacional, el 23 de enero de 1958.[3]

Cuando la ciudadanía supiera que dos miembros de la Junta eran Roberto Casanova y Abel Romero Villate –que se habían revelado en contra de Pérez Jiménez precisamente con la condición de ser parte del nuevo gobierno–, hombres asociados con la dictadura, con rapidez e impulsada por la Junta Patriótica, se manifestaría una vez más con fuerza en las calles para exigir al Ministro de Defensa la destitución de los oficiales. Ambos serían sustituidos el 25 de enero por Blas Lamberti y Eugenio Mendoza.

Las verdaderas razones de la caída de Pérez Jiménez

A partir de aquel 23 de enero, histórico para la nación por lo que implicaba y lo que acontecería más tarde, los partidos que se hicieron con el control del poder político mistificarían la fecha y elevarían al «pueblo» a la categoría de sujeto activo de su propia historia. Dotándolo de una surrealista voluntad de liberación al tiempo que le otorgaba el rol más determinante para la deposición del dictador; viéndose éste, en tal sentido, como continuador de la heroica tradición que surgió ya durante las guerras de independencia. Una vez más –y como ha sido siempre–, los dirigentes convertían la historia nacional en una epopeya apasionada y poco realista protagonizada por un pueblo divinizado.

Los hechos, sin embargo, dan cuenta de que, si bien hubo una admirable y fuerte unidad civil en contra de la dictadura, que probablemente constituyó uno de los principales motivos de la rebelión militar, Pérez Jiménez no habría sido depuesto si esta última no hubiese tenido lugar. De modo que el papel determinante para la huida del tirano estuvo siempre en los oficiales de la institución castrense. Más aún, el relato del pueblo valiente pierde verosimilitud si consideramos la posibilidad de que la sociedad venezolana de finales de 1957, incluso pese a ser todavía muy atrasada y haber estado relativamente estancada por casi una década en relación con los progresos que venía teniendo desde la presidencia de López Contreras, no se encontraba en una situación paupérrima que la empujara a levantarse en contra del régimen.

No se trataba de la mejor vida posible, pero no había hambruna o circunstancias de extrema penuria como en la actualidad. En general el grueso de la población podía sobrellevar su existencia con relativa tranquilidad. De aquí que pensar que la deposición de Pérez Jiménez tuvo como protagonista fundamental al «pueblo», implicaría que los motivos de éste para alzarse se ceñían, en esencia, al deseo de democracia y de libertad más que a cualquier otra cosa. Ahora bien, ¿Cuántas veces en la historia se ha visto que una sociedad del nivel de la venezolana de aquel entonces derroque tiranos movida solo por el puro anhelo de libertades civiles? Más aun teniendo en cuenta que apenas 7 años antes ésta no mostró reparos a la instauración forzosa de una dictadura militar, y que jamás convivió de forma estable bajo un sistema democrático fuera, quizá, del trienio adeco.

Junta Militar de 1958.[4]

Lo más razonable, como no pocos historiadores están de acuerdo en admitir, es lo que, a decir verdad, ocurrió: que la causa de la huida de Pérez Jiménez se hallaba en el descontento dentro de los cuarteles; y que la mayor presión del sector civil provino de parte de grupos que vieron recortados los beneficios económicos de los que venían disfrutando debido a la recesión del 57 y a las malas decisiones del dictador, no de la masa poblacional inmensamente más grande y empobrecida.

Por otro lado, esto último sirve para hacer ver tanto que Marcos Pérez Jiménez no fue, en absoluto, un grandioso presidente –mucho menos el «mejor que ha tenido Venezuela», como tantos en la actualidad opinan–, como que quienes así lo piensan no están haciendo otra cosa que exponer que se han comido completo el mito del Nuevo Ideal Nacional.

En aquel estado, bastante rural fuera de Caracas, quienes vivían bien eran los ricos, no los pobres, que eran la mayoría. Y aunque no había crisis sanitaria, de educación o comida, esto no se debía precisamente a una buena gestión gubernamental, si no a un ingreso petrolero en extremo alto, que provocaba que una buena cantidad de recursos llegara hasta los estratos más infortunados de la nación. Misma entrada de dinero que razonablemente habría permitido que cualquier otro gobernante fuera capaz de hacer el mismo trabajo que el nacido en Táchira; e incluso uno mejor, considerando los beneficios que es posible derivar de una mayor promoción de derechos y libertades civiles.

Viendo hoy en día a una sociedad mayoritariamente pasiva, que se mira a sí misma distante de lo que sucede en el escenario político y se exhibe temerosa de envolverse en él para no arriesgar lo poco que tiene seguro ni enfrentarse al reto de forjar su propio futuro –actitud que, de acuerdo con tantos indicios, ha tenido durante mucho tiempo–, resulta por demás difícil imaginar que ésta haya sido todo lo contrario en la segunda mitad de la década de los 50. Y así, hace sentido que la legendaria Junta Patriótica no fuera sino una organización simbólica con un limitado poder de resistencia civil y que, a lo mucho, contaba con unos cuantos cientos de miembros en todo el territorio nacional.

Bibliografía

Elías Pino Iturrieta. Historia mínima de Venezuela (Ciudad de México, 2018)

Fernando Coronil. El estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela (2013).

Rafael Arráiz Luca. Historia Política de Venezuela, 1498 a nuestros días (Bogotá, 2013).

El Ucabista. Cuatro lecciones sobre el 23 de enero de 1958. https://elucabista.com/2019/01/21/cuatro-lecciones-23-enero-1958/

Juan Ernesto Páez; 2001. Elías Pino: Un mes antes del 23 de Enero nadie sospechaba que iba a caer Pérez Jiménez. https://www.2001online.com/en-la-agenda/179265/iturrieta–un-mes-antes-del-23-de-enero-nadie-sospechaba-que-iba-a-caer-perez-jimenez.html

Víctor Amaya; Tal Cual Digital. Las «mentiras podridas» del 23 de enero de 1958. https://talcualdigital.com/las-mentiras-podridas-del-23-de-enero-de-1958/


[1] Google sites. MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ: Libertad de Expresión. https://sites.google.com/site/derechosdelibertad/multimedia/galeria-de-imagenes

[2] El Estímulo. La historia común del plebiscito de Pérez Jiménez y el revocatorio de Maduro. https://elestimulo.com/la-historia-comun-del-plebiscito-de-1957-y-el-revocatorio-de-2016/

[3] Víctor Amaya; Tal Cual. Las “mentiras podridas” del 23 de enero de 1958. https://talcualdigital.com/las-mentiras-podridas-del-23-de-enero-de-1958/

[4] Venezuela Tuya. 23 de Enero de 1958. https://www.venezuelatuya.com/historia/23_enero_1958.htm