El golpe a Acción Democrática

Después de que el partido Acción Democrática (AD) se hiciera con el poder gracias a la elección de Rómulo Gallegos, en 1947, la monopolización política que llevó a cabo[1], sumada a su proceder unilateral y reformista más los rumores sobre sus pretensiones comunistas y la intención que tenían de aislar y controlar a las Fuerzas Armadas, provocaron que influyentes sectores de la sociedad –político, empresarial, militar y hasta religioso– se sintieran descontentos con el nuevo gobierno y, a través de los líderes de la Unión Patriótica Militar (UPM) –grupo que ya había unido fuerzas con AD para deponer a Isaías Medina Angarita en octubre de 1945–, le solicitaran al presidente la inclusión en su gabinete de civiles no adecos y de líderes militares, además del exilio de Rómulo Betancourt, visto como el principal diseñador de las políticas excluyentes.

Rómulo Gallegos.[2]

Gallegos, pese a que Betancourt estaría dispuesto a aceptar la demanda y a que AD continuaría gozando de una mayoría en el Congreso, como un hombre de principios más que político, se negó a la participación de militares en su administración y, en consecuencia, rechazó la solicitud de los líderes castrenses, quienes, en respuesta, lo apresaron el 24 de noviembre de 1948 y expulsaron del país, junto a su familia, 11 días más tarde. Liderando de este modo un nuevo golpe de estado que, sin oposición alguna por parte de la población ni la necesidad de disparar un solo tiro, instalaría en el mando nacional a hombres que, desde que participaran en su toma años atrás, se habían rehusado a abandonarlo.

La Junta Militar de Gobierno

La administración del estado estaría en manos ahora de la Junta Militar de Gobierno, presidida por el ex ministro de defensa y hombre de confianza de Gallegos, Carlos Delgado Chalbaud[3] –quien, se dice, se unió a ella a última hora[4]– e integrada por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. El propósito de esta junta, de acuerdo con la primera alocución de su cabecilla, el 26 de noviembre[5], y reafirmado más tarde por los otros dos integrantes, no era la instalación de una dictadura militar, sino aplicar de forma efectiva los principios democráticos mediante la preparación de una nueva consulta electoral; dado que, a juicio de los oficiales, esto no había tenido lugar con AD.

El mandato de Chalbaud comenzó con la ilegalización inmediata de AD –yéndose muchos de sus dirigentes al exilio o a la clandestinidad–, y en 1950, la del Partido Comunista (PCV), debido al intento de ambas organizaciones –AD encubierta–, en mayo de ese año, de promover una huelga petrolera. Contaba con el apoyo de medinistas, COPEI, URD, conocidos independientes y profesionales del mundo intelectual y empresarial; todos pensando que este nuevo gobierno impulsaría la consolidación de una democracia real y no excluyente como la de AD.

Junta Militar de Gobierno.[6]

Chalbaud, el de mayor rango militar dentro de la Junta, que contaba con cierta aprobación de parte de la opinión pública y la confianza de la élite caraqueña, poco a poco disolvió el Congreso, los sindicatos, el Consejo Electoral Nacional y los consejos municipales; desconociendo asimismo la Constitución Nacional de 1947 –elaborada en esencia por AD– y ciñéndose a la de 1936[7]. No obstante, mantuvo de cara al público su intención de organizar unas elecciones para erigir una democracia liberal y representativa; y en este sentido, les propuso a sus tenientes, ya a casi dos años del golpe, la designación de un presidente provisional y la convocación de elecciones para diciembre de 1952, con la correspondiente participación de todos los partidos activos.

Muerte de Delgado Chalbaud y nombramiento de Suárez Flamerich

Por desgracia, el General nacido en Caracas fue víctima, la mañana del 13 de noviembre de 1950, de un secuestro dirigido por el exoficial y político anticomunista Rafael Simón Urbina, cuyo grupo de dos docenas de hombres lo interceptó junto a su pequeña comitiva al salir de su casa en El Pedregal. Después de que el comandante, su edecán y un escolta que tenía, fueran subidos con violencia a uno de los autos de los raptores, en el que se trasladaba el líder de la banda, se dirigieron, según lo planeado, a la quinta Maritza de Las Mercedes, propiedad del conocido empresario Antonio Aranguren. Al llegar a ésta, a uno de los delincuentes se le escapa un tiro que le pega en el tobillo a Urbina, dándose enseguida una situación confusa que terminó con los captores –quienes, para variar, habían estado bebiendo la noche anterior– disparándole varias veces a Chalbaud y a su edecán. El primero moriría más tarde en el hospital militar.

El magnicidio, único en la historia venezolana, dejó a Marcos Pérez Jiménez como el hombre más poderoso de la Junta, claro que éste se cuidó de asumir formalmente el liderazgo, para no alentar los murmullos de que había estado interesado en la muerte de Chalbaud –de acuerdo con lo manifestado por Urbina antes de que la Dirección de Seguridad Nacional[8] lo ejecutara–. En cambio, la Junta nombró al doctor Germán Suárez Flamerich[9] como su nuevo presidente y entonces el teniente coronel ejercería la autoridad suprema tras bambalinas.

La elección de un civil como jefe de la nación se hizo para que el país siguiera pensando que las fuerzas armadas no aspiraban a tomar el control del gobierno, sino que todavía buscaban restablecer la democracia. Por otro lado, que haya sido Flamerich el seleccionado, por encima de Arnoldo Gabaldón[10], que era quien había sido propuesto en un principio por Delgado Chalbaud –y que seguro de que sería el nuevo presidente provisional, comenzó a comportarse como tal e incluso llegó a anunciar su programa de gobierno, la composición de su gabinete y su plan para las elecciones, antes de que la Junta lo proclamara– se debe a que el primero sería mucho más controlable.

Marcos Pérez Jiménez toma el control

Con Flamerich la Junta Militar empezó a llamarse Junta de Gobierno y Pérez Jiménez tomó el control absoluto de la administración. Podría decirse que a partir de aquí ésta inició el camino de la dictadura militar. El teniente, que antes de la muerte de Chalbaud ya controlaba las FF. AA. e incluso había mostrado simpatía hacia la fundación de un régimen militar que coartara el papel de los partidos, ignoró la promesa de convocar elecciones universales e impulsó una escalada represiva; en especial desde el nombramiento de Pedro Estrada, en agosto de 1951, como nuevo jefe de la Seguridad Nacional.

Para octubre de aquel año había casi dos mil presos políticos –en su mayoría miembros de AD y PCV– encerrados, entre otras, en la Cárcel Modelo de Caracas y en la Penitenciaría General de San Juan de los Morros. El campo de concentración de Guasina[11], en el delta del río Orinoco, fue abierto en noviembre, albergando aproximadamente cuatrocientos políticos. La libertad de prensa dejó de tener vigencia y los periódicos que osaban publicar noticias en contra de los intereses de la Junta sufrían persecuciones y ataques de toda clase. De este modo, los abusos en contra de los presos en Guasina y otras cárceles se transmitían sólo a través de relatos orales. 

El fraude electoral de 1952

El poder ejercido sin rivalidad política significativa, sumado al control sobre los recursos provenientes de una renta petrolera en aumento, la existencia de logros tangibles y la ausencia de crítica pública, hizo que los líderes de la Junta de Gobierno se sintieran confiados y determinaran convocar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para diciembre de 1952; cuya función sería designar a un presidente provisional y redactar una nueva constitución para, más tarde, convocar un sufragio universal. De acuerdo con el Estatuto Electoral aprobado en abril de 1951, a AD y al PCV se les prohibía presentar candidatos, y el voto era obligatorio para todos los ciudadanos mayores a 21 años –en contraste con la ley electoral de 1947 impulsada por Acción Democrática, que lo establecía como un derecho voluntario de aquellos mayores de 18–. Con estas elecciones, el gobierno, que pensaba que ya contaba con el grueso del apoyo popular y que, por tanto, saldría victorioso, pretendía legitimarse y neutralizar de una vez por todas las críticas extranjeras en su contra y la reducida oposición local. Con el partido Frente Electoral Independiente (FEI), fundado en mayo del 51, se esperaba la legitimación de Pérez Jiménez en el cargo.

Afiche promocional de una gira política de Jóvito Villalba.[12]

Para su sorpresa y la de sus cercanos aliados que creían en un triunfo seguro, y quizá también la de la mayoría de los líderes políticos, que daban por sentado la imposibilidad de una contienda justa debido a las reinantes represión y restricciones políticas –situación aún más evidente en comparación con el paradigma electoral de 1947, que tuvo lugar en un contexto de notables libertades democráticas–, los comicios del 30 de noviembre –poco más de un mes después de la muerte de Leonardo Ruiz Pineda, máximo dirigente de AD en la clandestinidad, a manos de la Seguridad Nacional– mostraban que el URD liderado por Jóvito Villalba sería el partido ganador. La mañana del 1 de diciembre los periódicos confirmaban la noticia informando que, de acuerdo con los resultados de las 7 p.m. del día anterior, URD gozaba de una amplia ventaja en votos respecto al FEI, que le secundaba, y a COPEI, en tercer lugar. Esa noche, con unas cifras de asistencia popular masiva que dejaban a URD como ganador, a COPEI en segundo lugar y al FEI rezagado, la Junta decidió prohibir que se siguieran publicando los resultados electorales.

El 2 de diciembre, siendo evidente que Villalba se había convertido en el político con el máximo respaldo de la población –y el diputado a la ANC que obtuvo el mayor número de votos–, Pérez Jiménez, mediante un telegrama enviado a sus líderes, atacaba a URD afirmando que habían ganado las elecciones sólo por su inaceptable alianza con AD y el PCV; asimismo, sugería que las Fuerzas Armadas no permitirían el liderazgo derivado de dicha victoria. Horas después la Junta lo nombraría como presidente provisional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) anunciaría que los resultados parciales del escrutinio le daban la victoria a él y a su partido; se consumaba el golpe predicho por la oposición, nunca vislumbrado por quienes creyeron que el de 1948 produciría una auténtica democracia, y fraguado apenas un par de días antes por militares y aliados de Pérez Jiménez –en especial Laureano Vallenilla Lanz Planchart, quien lo configuró–; quienes, hasta que no percibieron su inminente derrota, no habían creído necesario la ejecución de un fraude. Ante la negativa del presidente del Consejo Electoral, Vicente Grisanti, de firmar las actas emitidas por la institución, y su renuncia junto a 11 de los 15 miembros de ésta –lo que desencadenó una persecución en su contra que le llevó a refugiarse en la embajada de Brasil– el gobierno escogió un nuevo CSE que sí estuviera dispuesto a ratificar su victoria.

Así, con un pueblo que sólo se limitaba a observar los acontecimientos que tenían lugar dentro de las instituciones públicas –pese a haber mostrado que estaba dispuesto a oponerse al actual gobierno mediante el voto–, pero con un partido político que, aun convencido de sí mismo, de su retórica y sus planes, había sido incapaz de persuadir a las masas debido a su carencia de organización y de atractivo ideológico –si bien el motivo de ello se atribuía a la ausencia de oradores experimentados–, Marcos Pérez Jiménez, con el apoyo garantizado en las bases militares regionales e incluso el respaldo de EE. UU., transmitido en privado por su embajador, emprendía su dictadura militar. Una que, ya en este punto, daba cuenta de que el verdadero poder no residía en la voluntad de una sociedad cuya falta de reacción manifestaba lo débil de sus aspiraciones democráticas, sino en las Fuerzas Armadas. Tal como sucediera en el golpe efectuado 4 años antes, no aparecieron sublevaciones ni alianzas en contra de este régimen fraudulentamente instalado, no hubo resistencia alguna.

La dictadura de Pérez Jiménez y el Nuevo Ideal Nacional

El 9 de enero de 1953 se instalaría la Asamblea Nacional Constituyente y de inmediato ratificaría la provisionalidad de Pérez Jiménez. El 15 de abril éste firmaría la aprobación de la nueva Carta Magna y el 17 quedaría «designado» como presidente constitucional para el período 1953–1958. A estas alturas el gobierno no continuaría describiéndose como uno de transición hacia la auténtica democracia; en su lugar, ahora trataría de redefinir tal término bajo la premisa del Nuevo Ideal Nacional.

Marcos Pérez Jiménez.[13]

Las persecuciones, violaciones de derechos humanos y torturas en contra de presos políticos, más los atropellos a la libertad de expresión de la ciudadanía, se incrementarían una vez más a partir de 1953. El hostigamiento hacia disidentes, en especial miembros de AD, a manos de la Seguridad Nacional, sumado a hechos como el atentado a Mario Briceño Iragorry en Madrid, probablemente por parte del perezjimenismo y a causa de sus denuncias, le habrían empezado a dar a aquel gobierno autoritario la imagen de un régimen de terror.

Los dirigentes estatales, mientras tanto, llevarían a cabo un plan de modernidad basado en la construcción de grandes obras civiles cada año, que a su vez pretenderían utilizar, mediante campañas propagandísticas, como la demostración y validación final de su propio concepto de democracia y, por tanto, de la administración nacional en sí misma. En este sentido, la democracia ya no se mediría en función de los derechos ciudadanos, sino de acuerdo con los logros materiales. Y así, en su desprecio hacia las formas políticas y partidistas, la dictadura invitaría a su pueblo espectador a aplaudir en silencio sus construcciones en tanto dejaba de lado, por innecesarias –y opuestas a sus intereses autoritarios–, los beneficios intangibles de las sociedades más desarrolladas.

Se trataba de un modelo desarrollista[14] según el cual la modernización física del país debía constituir el propósito fundamental del gobierno nacional y la principal causa –no su consecuencia, como se ha evidenciado en otros lugares– del progreso de sociedades atrasadas. Asimismo, esta perspectiva implicaba el menosprecio de las capacidades de los venezolanos, por considerarlos incompetentes para determinar ellos mismos su futuro, y enaltecía a los militares como los únicos aptos para mantener el orden y guiar a la población en pro de sus verdaderos intereses.

Por otro lado, esta «transformación del medio físico»[15], pilar elemental del Nuevo Ideal Nacional e impulsora de la prosperidad, estaba planteada en términos nacionalistas, es decir, su beneficio a la conciencia ciudadana consistía en la formación de una saludable conciencia nacional; misma que tendría una vertiente espiritual que demandaba ser satisfecha mediante valores patrios formulados a través del culto a los héroes independentistas, de tradiciones folclóricas y de la adoración de santos católicos identificados con regiones específicas.

Esta sería una de las razones primordiales para la invención de la Semana de la Patria, jornada de actividades y ceremonias creadas por decreto en 1953 que finalizaba cada 5 de julio, día de la declaración de independencia en 1811. A ella debían asistir, por obligación, distintos sectores de la sociedad –estudiantes, militares, empresarios, trabajadores públicos y privados–, lo que da cuenta de que entre sus objetivos también se hallaba la legitimación de la dictadura a través del reconocimiento de una línea de continuidad entre la independencia política y económica, los padres fundadores y los líderes actuales; quienes a su vez serían los representantes de un pueblo unificado ansioso por sumergirse en las vías civilizadores y la fuente por excelencia de los referidos valores patrios.

Otras acciones del gobierno también apuntarían a la promoción de los mencionados valores nacionales; como el culto a la figura de una María Lionza[16] alejada del paganismo –pues la fe de la dictadura era católica– y visualizada ahora como símbolo nativista[17]; y la integración al currículo escolar de las tradiciones folclóricas. Algunas de las cuales consistían no más que en danzas y/o músicas populares institucionalizadas y transformadas en expresiones de la identidad y la cultura nacionales. Podría decirse de igual manera que esta suerte de estimulación del pueblo a través de la celebración de tradiciones –en marcado contraste con la restricción que sufría en el contexto político debido al desmantelamiento de partidos y sindicatos, la censura y la represión– servía al régimen para mantener un relativo control sobre los sectores populares.

Siguiendo la creencia de que la esencia del desarrollo de las sociedades capitalistas se encontraba en sus signos visibles de progreso y modernidad, y que, en consecuencia, transportar estos últimos a Venezuela sería equivalente a promover su desarrollo, el régimen perezjimenista emprendió su proyecto de «legitimación mediante hechos». Construyendo a partir de ello numerosas autopistas, puentes, vías de comunicación, conjuntos habitacionales y hoteles; también otras obras de suma importancia como, entre otras, la Siderúrgica del Orinoco, en Puerto Ordaz; el Paseo Los Próceres[18]; el reactor nuclear RV-1[19], uno de los primeros de América Latina; y el Puente General Rafael Urdaneta, de Maracaibo.

Otras edificaciones de envergadura erróneamente atribuidas al dictador, –en especial de parte de sus lovers actuales, en el intento de entronizar su figura–, son la Autopista Regional del Centro[20]; la Ciudad Universitaria de Caracas; la Autopista Caracas–La Guaira; las Torres de El Silencio; el Círculo Militar; el Hospital Universitario; y el Jardín Botánico. Construcciones que, si bien fueron concluidas bajo su mandato, habían sido proyectadas e iniciadas por administraciones anteriores. Esto es valioso resaltarlo debido a que da cuenta, en primer lugar, de que la modernización de Venezuela en cuanto al desarrollo infraestructural no es una actividad propia ni única de este gobierno militar; y en segundo, de que dicho progreso probablemente habría tenido lugar incluso aunque Marcos Pérez Jiménez no hubiera asaltado la presidencia.

Por otro lado, puede verse cómo este crecimiento material de los años 50 se concentra, por lejos, en la región capital y central del país –en esencia Caracas y algunas otras ciudades de relativa cercanía y significancia–; lo que permite entrever que, de hecho, el progreso perezjimenista no llegó de forma integral a toda Venezuela, y que, como algunos académicos apuntan hoy en día, después de que el dictador dejara el poder en 1958, fuera de la ciudad capital la nación todavía sufría un enorme atraso.

Bibliografía

Elías Pino Iturrieta. Historia mínima de Venezuela (Ciudad de México, 2018)

Fernando Coronil. El estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela (2013).

Rafael Arráiz Luca. Historia Política de Venezuela, 1498 a nuestros días (Bogotá, 2013).

El Ucabista. Cuatro lecciones sobre el 23 de enero de 1958. https://elucabista.com/2019/01/21/cuatro-lecciones-23-enero-1958/

Juan Ernesto Páez; 2001. Elías Pino: Un mes antes del 23 de Enero nadie sospechaba que iba a caer Pérez Jiménez. https://www.2001online.com/en-la-agenda/179265/iturrieta–un-mes-antes-del-23-de-enero-nadie-sospechaba-que-iba-a-caer-perez-jimenez.html

Víctor Amaya; Tal Cual Digital. Las «mentiras podridas» del 23 de enero de 1958. https://talcualdigital.com/las-mentiras-podridas-del-23-de-enero-de-1958/


[1] Esto es, gobernar sin tener en consideración los planteamientos y/o demandas de organizaciones de uno u otro modo influyentes en el país, ya sea políticas o empresariales.

[2] Leopoldo Martínez; IQ Latino. Golpe de estado a Rómulo Gallegos. https://iqlatino.org/2018/golpe-de-estado-a-romulo-gallegos/

[3] Incluso se dice que el literato lo tenía por «un hijo». Relación formada en la casa de éste en España, durante su exilio, en donde el militar se hospedó por un tiempo.

[4] Debido a que si no lo hacía, se supone, sería apresado.

[5] «La Junta Militar quiere dejar categórica constancia de que este movimiento no se orienta de ninguna manera hacia la instauración de una dictadura militar, ni abierta ni disimulada, a fin de exigir al pueblo que no debe dejarse engañar por quienes pretenden propagar lo contrario […] No se ha asumido el poder para atentar contra los principios democráticos sino para obtener su efectiva aplicación y preparar una consulta electoral a la cual concurra toda la ciudadanía en igualdad de condiciones».

[6] Bastián; Amino. Muerte de Carlos Delgado Chalbaud. https://aminoapps.com/c/politica-universal/page/blog/muerte-de-carlos-delgado-chalbaud/pEl8_KaIQuqKdoDN2eRM55nPYdnKnwWWLV

[7] Durante la presidencia de Eleazar López Contreras

[8] Organismo de inteligencia policial venezolano establecido durante el Gobierno de Eleazar López Contreras y disuelto el 24 de enero de 1958.

[9] Un miembro poco conocido de la Generación del 28, que, como comentará con cinismo Laureano Vallenilla Lanz, futuro ministro de relaciones interiores de Pérez Jiménez: venía «hasta con antecedentes democráticos».

[10] Médico, investigador y político venezolano. Reconocido por su importante activismo contra la malaria en Venezuela.

[11] Guasina fue una isla en el delta del Orinoco en la que funcionó una prisión en el año 1939. Al ser clausurada, quedó desierta hasta 1943, cuando fue convertida en un campo de concentración para inmigrantes indocumentados hasta que en 1949 sus internos fueron puestos en libertad. Entre 1951 y el 15 de diciembre de 1952, durante la Junta de Gobierno encabezada por Germán Suárez Flamerich, eran encerrados en el mismo penal criminales de alta peligrosidad y acusados de terrorismo entre los cuales figuraron militantes y dirigentes de los partidos Acción Democrática (AD) y Partido Comunista de Venezuela (PCV).

[12] El Informador. El despojo electoral del 30 de noviembre de 1952 en Venezuela. https://www.elinformadorvenezuela.com/especiales/el-despojo-electoral-del-30-de-noviembre-de-1952-en-venezuela/

[13] Wikimedia Commons. Marcos Pérez Jiménez 1952. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcos_P%C3%A9rez_Jim%C3%A9nez_1952.JPG

[14] Teoría económica referida al desarrollo surgida en Francia a mediados del siglo XX, que sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centro industrial-periferia agrícola, razón por la cual se produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional en perjuicio de los países periféricos, que reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. Como consecuencia de ese diagnóstico, el desarrollismo sostiene que los países no desarrollados deberían tener Estados activos, con políticas económicas que impulsen la industrialización, para alcanzar una situación de desarrollo autónomo.

[15] Lema del Perezjimenismo.

[16] Deidad femenina mítica autóctona del folclore venezolano.

[17] Ideología o pensamiento político y social que defiende o privilegia a los nacidos en la propia tierra y por tanto rechaza a los emigrantes extranjeros que vienen de fuera.

[18] Monumento venezolano que se encuentra en la ciudad de Caracas, cerca del Fuerte Tiuna y la Academia Militar del Ejército Bolivariano. En el paseo se encuentran estatuas de los próceres de la Independencia de Venezuela, además de fuentes, escaleras, plazoletas, calzadas y muros. Desde 1993, el Paseo Los Próceres y todo el sistema anexo fue declarado Monumento Histórico Nacional.

[19] También conocido como Planta de Esterilización por Rayos Gamma. Estructura localizada en Altos de Pipe en los Altos Mirandinos, parte del Estado Miranda al centro norte del país suramericano de Venezuela.

[20] Principal y más transitada autopista de Venezuela, ​que une a las ciudades de Caracas, Maracay y Valencia así como otras ciudades menores.