Chile (1970 – 1973)

En noviembre de 1970, en Chile, saldría electo de forma democrática, en su cuarto intento para hacerse con el cargo de presidente, el médico cirujano y político de izquierda Salvador Allende, quien impulsaría el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos de la historia del país, y que, siendo el primer candidato socialista del mundo en ser elegido democráticamente, intentaría aplicar la ideología marxista de forma pacífica, en lo que se conocería como «la vía chilena al socialismo». Con lo que no contaría el controversial dirigente en sus planes de economía planificada y estatismo agresivo, sería con el reconocimiento de la administración norteamericana dirigida entonces por Richard Nixon, quien, según algunos historiadores y analistas, no estaba dispuesto a tolerar ni coexistir con un Chile comunista.

Normal entonces que, bajo esta perspectiva de las cosas, el tío Sam intentara impedir ya desde 1970, de forma encubierta y a través de la CIA en Santiago apoyada por anticomunistas locales, que Allende ascendiera al poder; operación que, tras verse frustrada, dio paso a una fase de actividades, también clandestinas, que finalizaría con el derrocamiento del mandatario tres años más tardes. Y así, mientras Washington llevaba a cabo de manera oficial un boicot económico en contra del naciente estado socialista, tras bambalinas le encargaba a su secretario de estado, Henry Kissinger, y al director de la CIA, Richard Helms, a hacer todo lo que fuera necesario para impedir la consolidación de Allende, objetivo para lo que se autorizaría un gasto inicial de hasta diez millones de dólares. Tenía lugar un nuevo capítulo del intervencionismo norteamericano, esta vez mediante su cuerpo de inteligencia.

Salvador Allende (izquierda), y Augusto Pinochet, quien más tarde lo derrocaría.[1]

Claro que sería un error creer, como muchos fanáticos socialistas hacen en la actualidad, que el golpe de estado del 73 fue únicamente autoría de Norteamérica. Es muy probable que aún sin su participación, éste hubiese ocurrido de todas formas, debido a la crisis económica y a la polarización subsecuente que se vivía en la nación, que, junto con una inflación y escasez alimentaria rampantes, conformaban los cuatro efectos típicos del tipo de plan económico del que se había echado mano en el nuevo gobierno. En este sentido, había un enorme descontento hacia Allende y sus reformas en varios sectores políticos y civiles, que depararon en protestas y violencia callejera. El clima previo al golpe era de tensión entre las coaliciones políticas de oficialismo y oposición y sus partidarios. Muchos esperaban que las fuerzas armadas intervinieran para poner fin al conflicto.

Lo que, más probablemente, hubiese sido distinto sin la participación de Norteamérica, es la intensidad con que se desarrolló dicho levantamiento militar, en el que los sectores más extremos de la oposición desempeñaron un rol relevante gracias al respaldo político y financiero de la principal potencia mundial. Así, la agitación política del 11 de septiembre que, luego del bombardeo a la casa presidencial de La Moneda, terminó con el suicidio de Allende, dio paso a un gobierno dictatorial y militarista que duraría casi 17 años y bajo el que se cometerían no pocas violaciones a los derechos humanos. Uno que al poco tiempo de haber sido instaurado ya recibía el apoyo de Washington.

Como es fácil apreciar, la promoción de acciones que van directamente en contra de la democracia es lo que se les reprocha a los estadounidenses en el caso chileno, además por supuesto del respaldo a regímenes por completo antidemocráticos y tiranos. No será sino hasta 1986, después de hartos crímenes de lesa humanidad cometidos, cuando la Casa Blanca se distanciara abiertamente del dictador Augusto Pinochet, y, según ciertos comentaristas, ni siquiera porque repudiara sus acciones como tal, sino como una forma de compensar su participación en la guerra civil de Nicaragua. 

Nicaragua (1981)

Desde 1979, cuando ya se veía el inminente ascenso del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) hacia el poder en Nicaragua, grupo de ideología marxista y, en consecuencia, bastante crítico de las políticas de Estados Unidos; Washington, en colaboración con la inteligencia argentina (entonces bajo el control de la dictadura de Jorge Videla), financió a grupos nicaragüenses que habían pertenecido a la Guardia Nacional bajo las órdenes del dictador recientemente derrocado (Anastasio Somoza Debayle); o que habían participado en la revolución en contra de éste, pero que desertaron de la coalición revolucionaria anti-Somoza por considerarse traicionados por la nueva Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, al no ver sus intereses reflejados en sus proyectos. Estos grupos formarían la llamada contrarrevolución nicaragüense (o como mejor se les conoce, los «Contra»), una oposición armada al gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega, ya bien establecido a través de unas elecciones presidenciales celebradas en 1984. Los Contra, con bases en Honduras y Costa Rica, utilizarían la asistencia militar extranjera recibida (en forma de armamento, financiación y entrenamiento) y el descontento generado por las reformas sandinistas para avanzar en su objetivo de desestabilizar y eventualmente derrocar a la revolución.

Con un apoyo que se tradujo en algunas decenas de millones de dólares y políticas económicas que buscaban diezmar al gobierno revolucionario (como el embargo de 1985), la administración Reagan les brindó a los Contra la capacidad de llevar a cabo acciones armadas y terroristas que perjudicaran a la nueva administración; entre las que tenían lugar, por supuesto, torturas, ejecuciones, asesinatos arbitrarios, saqueos, quema y envenenamiento de cosechas, violaciones y destrucción de infraestructura civil. Actividades de las que la CIA estaba el tanto. Con todo, en 1987 este grupo lucía aún impotente a la hora de alcanzar sus objetivos, y pese a ejecutar algunas operaciones exitosas ese año, sus acciones terminaron por reducirse a actos de terrorismo.

La determinación de brindar apoyo a estos grupos desestabilizadores nicaragüenses por parte de la administración Reagan, en evidente afrenta hacia la democracia, continuó incluso después de 1985, cuando el Congreso suspendiera toda ayuda a los Contra –en parte por reconocer que la acusación de influencia soviética que el presidente hacía sobre los sandinistas, era exagerada; y tras confirmar que la CIA había participado en hacer explotar algunos puertos del país centroamericano–, a través del dinero obtenido de la venta de armas en Oriente Medio, donde estaba teniendo lugar la guerra entre Irak e Irán. La colaboración norteamericana a los rebeldes no se acabaría sino hasta 1987, cuando estallara en los Estados Unidos el escándalo conocido como Iran–Contra affair[2], por supuesto directamente relacionado con el financiamiento antes referido. En ese año, debido al diálogo nacional impulsado por el gobierno de Daniel Ortega, habría un punto de inflexión para la guerra. Los rebeldes se unirían a la vida política y ésta, se reconoce, finalizaría por completo en 1990.

Los Contra, de Nicaragua.[3]

Las acciones de Washington en aquellos años provocaron consecuencias lamentables para Nicaragua, empezando por la muerte de más de 12000 civiles, el desplazamiento de cientos de miles, y una enorme destrucción económica para un país que, ya devastado por el subdesarrollo y los estragos de los Somoza, apenas estaba comenzando el camino de la reconstrucción. Sin siquiera tener en cuenta el embargo comercial del 85, la guerra entre contrarrevolucionarios y sandinistas causó estragos en actividades forestales, pesqueras y mineras, que se encontraban dentro del escenario del conflicto; pérdidas directas de exportación en café, madera, oro, pescado y otros; el aumento de las importaciones como resultado de la caída en la producción nacional; y bienes extraviados con la devastación de plantas, edificios, etc.

En cuanto a la educación, la calidad de estudios disminuyó debido a la movilización masiva de estudiantes masculinos de secundaria y universidad, a tareas de defensa. Asimismo, el reclutamiento de uno de cada cinco hombres adolescentes o adultos afectó la producción agrícola, base del desarrollo en Nicaragua. También una gran cantidad de profesionales y técnicos abandonaron el país porque no querían verse ellos ni a sus hijos reclutados en el servicio militar. Un informe del Banco Mundial indicó que en 1984 las exportaciones ascenderían a USD 1.100 millones. Debido a la guerra, esa cifra fue solo de USD 382 millones.

Estados Unidos no reconocería lo equivocado de su accionar cuando, en 1986, la corte penal internacional de La Haya dictaminara que debía pagar 17.000 millones de dólares a Nicaragua en indemnizaciones, y éstos rechazaran tal sentencia. 

Guatemala (1951)

La injerencia norteamericana en Centroamérica no se limitó, ni mucho menos, a Nicaragua, sino que también, en distintos períodos, trajo ruina a sus vecinos. Entre ellos Guatemala.

En esta nación, la intervención se produjo cuando Jacobo Árbenz, elegido democráticamente en 1951, llevó a cabo una reforma agraria bastante radical que atacó los intereses de empresas estadounidenses en el país, entre ellas la United Fruit Company –la mayor de todas–, que, debido a las medidas del mandatario, perdería el 40% de sus terrenos y no podría utilizar más a las fuerzas militares guatemaltecas para contrarrestar las demandas de sus trabajadores. La compañía utilizaría las fuertes influencias que tenía dentro de Washington para convencer a la administración Eisenhower de que Árbenz pretendía alinearse al bloque soviético, y para que se llevara a cabo un plan, orquestado por la CIA, en el que se financiaría una oposición armada en el país cuyo objetivo sería derrocar al presidente electo.

El encargado de dirigir esta operación armada fue el militar Carlos Castillo Armas, que, entrando a Guatemala desde Honduras en junio de 1954, logró presionar mediante ataques y propaganda a las fuerzas de Árbenz, y hacer que este renunciara en julio. Cuando Armas tomó el control del poder, lo primero que hizo fue ilegalizar al Partido Guatemalteco del Trabajo; prohibir las asociaciones, los sindicatos y los partidos políticos; suspender los programas favorables a los indígenas y a la clase obrera; imponer una severa censura; disolver el congreso y comenzar una dura persecución en contra de los intelectuales de izquierda y los procomunistas en general. Obviamente derogó las reformas de Árbenz y entregó a la United Fruit Company todo lo que se le había quitado.

En 1957, sumido el país en una creciente crisis política, Castillo Armas sería asesinado y la silla de mando pasaría a otro ferviente anticomunista, Miguel Ydígoras Fuentes, que pese a iniciar una política de reconciliación con sus opositores –que, entre otras cosas, permitió la reactivación del movimiento sindical–, no pudo evitar los complots, atentados o protestas sociales en su contra. Cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1960, rompió relaciones con la isla y consintió la utilización de Guatemala para una eventual invasión de Norteamérica. Esto, más el cierre progresivo de su voluntad reconciliadora, incrementó definitivamente el descontento y llevó a que un grupo de militares, inspirados en la revolución cubana, se sublevaran en 1960, y dieran paso a una lucha armada que iniciaría oficialmente dos años más tarde y que no terminaría sino hasta más de 35 años después.

Guerra civil de Guatemala.[4]

Ydígoras Fuentes, intentando calmar a sus opositores, permitió que el máximo líder de la izquierda, en torno a quien se concentraban las protestas, Juan José Arévalo (presidente entre 1945 y 1951), regresara al país desde el exilio y se presentara a las elecciones de 1963. Idea que encontró un fuerte rechazo en la cúpula del ejército y en las clases altas más conservadoras de la sociedad, y que empujó a Enrique Peralta Azurdia, entonces ministro de defensa, a derrocar a Fuentes y a mandarlo a Panamá, exiliado. Azurdia, de este modo, se hizo con el poder e implantó una dictadura militar cuyo objetivo sería aplastar de una vez por todas la insurgencia, agrupada en las fuerzas armadas rebeldes (FAR).

La lucha que siguió, que se enmarcaba dentro del contexto de la guerra fría y en la que Estados Unidos estaba de parte, como es obvio, de las sucesivas dictaduras militares que ocuparon la silla de mando, dejó, según el Informe de recuperación de la memoria histórica (REMHI) y el programa nacional de resarcimiento (PNR), cerca de doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos, y cerca de cien mil desplazados, la mayoría de los cuales emigraron a México, Honduras y Estados Unidos. Asimismo, el aumento de la pobreza fue una de las principales consecuencias de esta guerra, debido a la militarización del país y a la instalación clandestina de la guerrilla, los cuales impedían el desarrollo económico. ​

El Salvador (1979)

En El Salvador, en 1979, se inició una guerra civil que duraría más de 10 años entre las fuerzas armadas del país (FAES) y el frente Farabundo Martí para la liberación nacional (FMLN), de ideología socialista. Un conflicto sangriento, brutal y sucio, en el que más de 75,000 salvadoreños serían asesinados –la mayoría de ellos víctimas del ejército y sus escuadrones de la muerte– y campesinos fusilados en masa, a menudo mientras intentaban huir. Una lucha en la que los norteamericanos apoyarían abiertamente al gobierno y le suministrarían, además de dinero, armas como fusiles de asalto y hasta helicópteros con los que se patrullaban las calles para descubrir a los rebeldes. A principios de los años 80, El Salvador estaba recibiendo más ayuda de este tipo que cualquier otro país, excepto Egipto e Israel, y el personal de la embajada era casi tan grande como el de Nueva Delhi. Para la administración Reagan, la pequeña nación centroamericana era el lugar para trazar la línea en la arena contra el comunismo.

Guerra civil de El Salvador.[5]

Entre los crímenes más atroces cometidos por las FAES, se hallan los ocurridos en las aldeas El Mozote, La Joya y Los Toriles (conocidos todos juntos como «la masacre de El Mozote»), en el departamento de Morazán, en la zona oriental del país, entre el 10, 11 y 12 de diciembre de 1981. En lo que, se suponía, era una operación de contrainsurgencia, el batallón Atlácatl del ejército salvadoreño, que acababa de completar un curso de capacitación de tres meses en los Estados Unidos (la referida operación de contrainsurgencia fue, de hecho, la primera del batallón después de completar dicha capacitación), habría asesinado a 1200 personas, entre jóvenes, adultos, niños y ancianos, dando vida a una de las peores matanzas de la historia de América. Todd Greentree, joven oficial político de la embajada estadounidense en esa época, le dijo a Raymond Bonner, corresponsal del New York Times en El Salvador entre el 80 y el 82, que Estados Unidos fue cómplice de este suceso.

El batallón de Atlácatl habría sido el mejor preparado del ejército salvadoreño y el más reconocido de la guerra, tanto que los especialistas militares de Estados Unidos, considerándolos como una estirpe diferente de soldados, los gratificaban con algunas de las armas más modernas disponibles de aquel tiempo. Asimismo, fueron también los responsables de la llamada «masacre de la UCA», ocurrida en los patios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y en la que fueron asesinados seis curas jesuitas y dos mujeres –la cocinera de la residencia y su hija de 16 años–.

Operación Cóndor (1975)

A pesar de las ya relatadas, el culmen de la pretensión intervencionista de los Estados Unidos en Latinoamérica, siempre en pro de sus intereses dentro de la región y sin tener la más mínima consideración por el futuro democrático de ninguna nación, quizá sea la llamada Operación Cóndor, el programa secreto y organizado de asesinatos y persecución según el cual los servicios de inteligencia de los regímenes dictatoriales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, todos aliados de Washington, intercambiarían información y cooperarían para identificar, secuestrar, desaparecer y matar no sólo a sus potenciales y declarados enemigos domésticos –más que nada activistas de izquierda–, sino también a los exiliados de los estados socios que se habían refugiado en otra parte.

Este plan, fraguado en 1975, en una reunión secreta entre los jefes de inteligencia de los referidos países, sería respaldado por la CIA y Estados Unidos, cuando menos en la forma de una estación de comunicaciones en Panamá que facilitaría el contacto entre las agencias secretas de los estados involucrados.

Entre los documentos desclasificados publicados en junio de 1999, por orden de Bill Clinton, un informe de inteligencia del 1 de octubre de 1976 describía las «operaciones conjuntas de contrainsurgencia» de Cóndor que tenían como objetivo «eliminar las actividades terroristas marxistas»; y mostraba que el secretario de estado para ese entonces, Henry Kissinger, había recibido información sobre el plan y sus actividades criminales el 5 de agosto de 1976, en un informe de 14 páginas de Harry Shlaudeman, subsecretario de estado. La respuesta del Departamento de Estado, aprobada por Kissinger y recomendada por el subsecretario, fue instruir a los embajadores suramericanos para que se reunieran con los respectivos presidentes de las naciones que los hospedaban y manifestaran la preocupación de la Casa Blanca por los «rumores» de «planes para el asesinato de subversivos, políticos y figuras prominentes tanto dentro de las fronteras nacionales de ciertos países del Cono Sur como en el extranjero»[6]. Esto no llegaría a llevarse a cabo y Kissinger rescindiría la orden el 16 de septiembre.

A partir de aquí es que el periodista estadounidense corresponsal especial en América Latina durante el periodo de las dictaduras militares, John Dinges, y el director de la parte Chile y de la sección Cuba del Archivo de Seguridad Nacional, Peter Kornbluh, afirman que el Departamento de Estado y la CIA tenían suficiente inteligencia para tomar medidas concretas y frustrar la planificación de la operación Cóndor. Iniciativa que, aunque pudo iniciarse, jamás se implementó. Un diputado del propio Shlaudeman, Hewson Ryan, reconoció más tarde en una entrevista que el Departamento de Estado fue negligente en el manejo del caso, «Sabíamos con bastante anticipación que los gobiernos de los países del Cono Sur estaban planeando algunos asesinatos en el extranjero [en] 1976… Si hubo relación directa o no, lo desconozco. No sé si hubiéramos podido prevenir esto (el asesinato de Letelier) de haber intervenido. Pero no lo hicimos»[7], afirmó en referencia al atentado que terminó con la vida del chileno Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffitt en septiembre de 1976, en Washington D.C., por orden de Pinochet.

Se dice que, para cuando la Operación Cóndor terminó a principios de la década de 1980, hasta 60,000 personas pudieron haber sido asesinadas. Cifras difíciles de precisar, dada la clandestinidad del programa y, en años posteriores, las amnistías políticas y la destrucción o la decadencia de los registros públicos.

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Videos

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Frank de Prada; Youtube. Chavez acusa a USA. https://www.youtube.com/watch?v=fCmU-RQU1H8

Excélsior TV; Youtube. Obama declara a Venezuela como amenaza a la seguridad nacional estadounidense/ Global (2015). https://www.youtube.com/watch?v=XTgjXyAZkWQ

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[1] Julen Berrueta; El Español. El otro 11-S: la gran mentira de Pinochet para justificar su traición a Salvador Allende. elespanol.com/cultura/historia/20190911/gran-mentira-pinochet-justificar-traicion-salvador-allende/428208007_0.html

[2] Acontecimiento político ocurrido entre 1985 y 1986, en el cual altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Ronald Reagan, facilitaron la venta de armas a Irán, país contra el cual pesaba un embargo armamentístico, para luego, con el dinero obtenido, financiar la agresión al gobierno de Nicaragua por parte de la Contra. Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de la Contra, estaban prohibidas por el Senado estadounidense

[3] Hdhod. EEUU desestima reclamo de indemnización millonaria de Nicaragua. https://es.hdhod.com/EEUU-desestima-reclamo-de-indemnizacion-millonaria-de-Nicaragua_a25719.html

[4] Expreso. ONU lamenta impunidad por crímenes de guerra en Guatemala. expreso.com.pe/mundo/onu-lamenta-impunidad-por-crimenes-de-guerra-en-guatemala/

[5] Giuseppe Dezza; BBC. Las poderosas imágenes de la sangrienta guerra civil que terminó hace 25 años en El Salvador. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38613136

[6] Ernesto Ekaizer; El País. Kissinger fue avisado antes del asesinato de Letelier de que Pinochet actuaría en el exterior. https://elpais.com/diario/1999/07/03/internacional/930952814_850215.html

[7] El Mostrador. Kissinger retiró ordenes que podrían haber evitado atentado que mató a Orlando Letelier. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/04/11/kissinger-retiro-ordenes-que-podrian-haber-evitado-atentado-que-mato-a-orlando-letelier/