Los artículos 19 y 21 de la carta de Londres[1] del tribunal militar internacional[2] (IMT por sus siglas en inglés), son textos que a los negacionistas les encanta usar para decir que en los juicios de Núremberg: «era admitido cualquier medio de prueba si al tribunal le parecía que tuviese mérito probatorio»; «el tribunal estaba autorizado a aceptar material comprometedor sin verificar previamente su fiabilidad y, a su vez, rechazar material exculpatorio sin necesidad de fundamentarlo»; «el tribunal no debía solicitar ninguna prueba para hechos reconocidos universalmente»; y «el tribunal decidía lo que constituía un hecho reconocido universalmente». A partir de esto, y a través de una lógica aparente, especulan que en los referidos procesos: «se podían falsificar piezas de acusación a discreción y de la misma manera suprimir hechos justificatorios»; y «la culpabilidad de los acusados estaba predeterminada».
Antes de señalar los errores en el uso de estos artículos como evidencias de que los juicios de Núremberg fueron una farsa –y peor aún, que lo fue el holocausto–, veamos primero el contenido literal de los mismos:
Artículo 19: El tribunal no estará atado a las normas técnicas de evidencia. Adoptará y aplicará en la mayor medida posible el procedimiento expedito y no técnico, y admitirá aquellas pruebas que considere que tienen valor probatorio.
Artículo 21: El Tribunal no exigirá que se acrediten hechos de conocimiento público, pero los tendrá en cuenta judicialmente. Así también aquellos documentos públicos oficiales e informes de las Naciones Unidas, incluidos las actas y documentos de los comités creados en los diversos países aliados para investigar crímenes de guerra, y los expedientes y conclusiones de tribunales militares o de otro tipo de cualquiera de las Naciones Unidas.
Original:
Article 19. The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. It shall adopt and apply to the greatest possible extent expeditious and non-technical procedure and shall admit any evidence which it deems to have probative value.[3]
Article 21. The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also take judicial notice of official governmental documents and reports of the United Nations, including the acts and documents of the committees set up in the various Allied countries for the investigation of war crimes, and the records and findings of military or other Tribunals of any of the United Nations.[4]
Como se puede observar, dentro del argumento negacionista la única afirmación que concuerda al pie de la letra con lo estipulado en los artículos 19 y 21 de la carta de Londres, es la de que el tribunal podía admitir aquellas pruebas que considerara que tenían mérito probatorio. Las demás difieren de las originales lo suficiente como para sospechar que han sido interpretadas a conveniencia. Por ejemplo, el artículo 19 nunca dice que el tribunal estaba autorizado a aceptar material comprometedor sin verificar su fiabilidad y rechazar material exculpatorio sin explicar el por qué, alegato éste con el que aparentemente se quiere dar la idea de que los jueces, si así lo querían, podían incriminar a los acusados sin ofrecer más pretextos que sus deseos. Lo que en realidad dice el artículo 19 es que los mencionados árbitros no estaban limitados sólo a «las normas técnicas de evidencia», lo que de ninguna manera quiere decir que no tuvieran que sustentar sus decisiones o no considerar nada más que sus sentimientos para dar validez a una prueba. En cuanto a la exhortación que se les hace para que tomen, tanto como les sea posible, el camino «más expedito y no técnico», el objetivo es, como resulta evidente para cualquiera, no retrasar los procesos.
No hay que investigar demasiado para dar cuenta de que, en la actualidad, las disposiciones del artículo 19 de la carta de Londres para los juicios de Núremberg suelen encontrarse en las reglas de procedimiento y evidencia de los principales tribunales internacionales: como en las del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY por sus siglas en inglés)[5]; en las del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR por sus siglas en inglés)[6]; en las del Tribunal especial para Sierra Leona (SCSL por sus siglas en inglés)[7]; en las del Tribunal Especial para el Líbano (STL por sus siglas en inglés)[8]; y, por supuesto, en las de la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés). Asimismo, el doctor en leyes Vladimir Tochilovsky, en su libro Jurisprudence of the International Criminal Courts and the European Court of Human Rights, nos confirma cuál es el motivo ello:
Como se señaló, una Sala de Primera Instancia [de un tribunal internacional] no estará obligada por las Reglas nacionales de evidencia, ya sea en representación del derecho común o civil. El propósito de las Reglas es promover un juicio justo y expedito y una Sala de Primera Instancia debe tener la flexibilidad para lograr este objetivo. Una Sala de Primera Instancia no debe verse obstaculizada por reglas técnicas en su búsqueda de la verdad, aparte de las enumeradas en las Reglas.
Original:
As has been noted, a Trial Chamber [of an international court] shall not be bound by National Rules of evidence whether representing the common law or civil law. The purpose of the Rules is to promote a fair and expeditious trial and a Trial Chamber must have the flexibility to achieve this goal. A Trial Chamber should not be hindered by technical rules in its search for the truth, apart from those listed in the Rules.[9]
Para ser un poco más específico respecto a lo dicho, puede verse la regla 89 de los Rules procedure and evidence de los ICTY, ICTR y SCSL: «A Chamber may admit any relevant evidence which it deems to have probative value»[10] (Un tribunal puede admitir cualquier evidencia relevante que considere que tiene valor probatorio), texto que, en el caso de la admisibilidad de evidencias para la ICC, se halla contenido en la regla 69 del siguiente modo:
El fiscal y la defensa pueden acordar que un supuesto hecho… no es impugnado y, en consecuencia, una sala puede considerar que dicho hecho es comprobado, a menos que la cámara considere que se requiere una presentación más completa de los hechos alegados en el interés de la justicia, en particular los intereses de las víctimas.
Original:
The Prosecutor and the defence may agree that an alleged fact… is not contested and, accordingly, a Chamber may consider such alleged fact as being proven, unless the Chamber is of the opinion that a more complete presentation of the alleged facts is required in the interests of justice, in particular the interests of the victims[11]
Tochilovsky, en su obra antes mencionada, uniendo los tres puntos del artículo 19 de la carta de Londres que los negadores de la shoah suelen utilizar para sustentar sus tesis, arroja más luz sobre el asunto:
En contraste con el derecho común, donde las cuestiones de admisibilidad y exclusión de pruebas ocupan un lugar prominente en los procedimientos penales, las disposiciones de las Reglas que regulan todas las cuestiones probatorias en los procedimientos ante el Tribunal Internacional no contienen un conjunto detallado de reglas técnicas relacionadas a este problema.
Varios gobiernos enfatizaron la necesidad de una regla flexible para la admisibilidad de la evidencia en sus recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas para la adopción de Reglas de procedimiento y evidencia. En general, estas recomendaciones prestaron especial atención a las limitaciones derivadas del conflicto y las condiciones en la antigua Yugoslavia. Estas limitaciones se referían a las posibilidades restringidas de obtener acceso a pruebas documentales en el proceso de un conflicto armado en curso y, por lo tanto, la necesidad de confiar en la evidencia viva. Por lo tanto, se afirmó que el Tribunal Internacional no podía ser demasiado estricto con respecto al criterio de admisibilidad de las pruebas. Por lo tanto, se consideró que la inclusión de normas técnicas sólo afectaría el proceso judicial.
Original:
In contrast to the common law, where questions of admissibility and exclusion of evidence occupy a prominent place in criminal proceedings, the provisions of the Rules which regulate all evidentiary matters in the proceedings before the International Tribunal do not contain a detailed set of technical rules relating to this issue.[12]
The need for a flexible rule for the admissibility of evidence was emphasised by several governments in their recommendations to the United Nations Secretary-General for the adoption of Rules of procedure and evidence. In general, these recommendations Drew particular attention to the limitations arising from the conflict and the conditions in the former Yugoslavia. These limitations referred to the restricted possibilites of gaining Access to documentary evidence in the process of an ongoing armed conflic and, Therefore, the need to rely on viva voce[13] evidence. Thus, it was submitted that the International Tribunal could not be too strict about the criteria for the admissibility of evidence. Therefore, it was considered that the inclusion of technical rules would Only encumber the judicial process.[14]
Como no pocos expertos en el tema admiten, las leyes de los tribunales internacionales son una mezcla entre el derecho anglosajón[15] y el derecho continental[16]; adoptando de este último la primacía de los jueces y la consecuente libertad de los mismos para no depender de reglas técnicas y restrictivas a la hora de admitir evidencias. Esto lo expone bastante bien Donald Piragoff[17] en una opinión sobre el párrafo 4 del artículo 69 del estatuto de Roma[18]: «article 69 para. 4 is an amalgam of both common law and civil law concepts […] The basic principle in both common law and civil law systems is that relevant evidence which has probative value is admissible if such evidence is not affected by an exclusionary virus»[19] (el artículo 69 párr. 4 es una amalgama de los conceptos de derecho anglosajón y derecho continental […] El principio básico tanto en el derecho anglosajón como en los sistemas de derecho continental es que la evidencia relevante que tiene un valor probatorio es admisible si dicha evidencia no está afectada por un virus excluyente). Lo que el mencionado texto del estatuto romano expresa, es lo siguiente:
El Tribunal puede decidir sobre la relevancia o admisibilidad de cualquier evidencia, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el valor probatorio de la evidencia y cualquier prejuicio que dicha evidencia pueda causar en un juicio justo o en una evaluación justa del testimonio de un testigo. De acuerdo con las Reglas de Procedimiento y Prueba).
Original:
The Court may rule on the relevance or admissibility of any evidence, taking into account, inter alia, the probative value of the evidence and any prejudice that such evidence may cause to a fair trial or to a fair evaluation of the testimony of a witness, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence[20]
Todo esto hace ver claramente que el artículo 19 de la carta de Londres para los procesos de Núremberg no fue creado con la malvada intención de evitar que los acusados recibieran un proceso justo, como a los negacionistas les encanta expresar, sino que éste tiene un fuerte sustento racional que ratifica su validez, y que, asimismo, no implica para nada –al menos no en teoría– que los fiscales y magistrados tuvieran el camino libre para hacer lo que se les viniera en gana con las pruebas de los hechos. Esto último podría confirmarlo incluso el apartado (a) del artículo 16: «The indictment shall include full particulars specifying in detail the charges against the defendants. A copy of the indictment and of all the documents lodged with the Indictment, translated into a language which he understands, shall be furnished to the defendant at a reasonable time before the Trial»[21] (La acusación deberá incluir detalles completos que especifiquen en detalle los cargos contra los demandados. Una copia de la acusación y de todos los documentos presentados con la acusación, traducidos a un idioma que comprenda, se entregará al demandado en un momento razonable antes del Juicio).
Pasando ahora al artículo 21, es claro que en ninguna parte dice que el tribunal podía decidir lo que era un «hecho reconocido universalmente» o no; y siendo específico, en él ni siquiera se utiliza este último calificativo, sino el de «hechos de conocimiento común», que marca una especial diferencia respecto al anterior, dado que «hechos de conocimiento común» (facts of common knowledge) no es un término inusual dentro de las leyes. Quizá esto lo sabían quienes redactaron el artículo de los juicios de Núremberg en metapedia –el sitio web en español de donde los negacionistas latinoamericanos sacan sus locas ideas– y por ello decidieron traducir el término en cuestión por un sinónimo de la traducción literal, de esta manera sería más difícil para sus seguidores darse cuenta de que textos como el del artículo 21 de la carta de Londres, no son, en absoluto, una rareza para los juristas.
Tal como con las disposiciones del artículo 19, los hechos de conocimiento común no requieren de pruebas en los tribunales internacionales[22], y su utilidad en la evaluación y formulación de evidencias, es, en palabras de Douglas Walton y Fabrizio Macagno:
En primer lugar, y lo más visiblemente posible, la justificación más antigua y sencilla para la consideración judicial de un asunto, que es concluyente para las partes y el hecho de que se trate, es que el asunto sea de conocimiento común (Strong, 1992, p. 388; Park, Leonard y Goldberg, 1998, p. 45). En segundo lugar, el conocimiento común funciona como una base para las generalizaciones necesarias como premisas implícitas en la cadena de razonamiento subyacente en la que se basa la inferencia de la evidencia en el juicio (Anderson y Twining, 1996; Schum 2001). En tercer lugar, y más en general, es un ingrediente esencial en entimemas, argumentos que se basan en la evidencia ofrecida en el juicio, pero que no establecen una o más premisas, o la conclusión. La premisa o conclusión que omite un entimema no es superflua, pero es crítica para el argumento, particularmente en el caso de la conclusión (Hitchcock, 1985; Walton y Reed, 2005).
Original:
First, and most visibly, the oldest and plainest justification for judicial notice of a matter, which is conclusive on the parties and the trier of fact, is that the matter is common knowledge (Strong, 1992, p. 388; Park, Leonard and Goldberg, 1998, p. 45). Second, common knowledge functions as a basis for generalizations needed as implicit premises in the underlying chain of reasoning on which inference from evidence at trial is based (Anderson and Twining, 1996; Schum 2001). Third, and more generally, it is an essential ingredient in enthymemes, arguments which rely on evidence offered at the trial, but which do not state one or more premises, or the conclusion. The premise or conclusion that an enthymeme omits is not superfluous, but critical to the argument particularly so in the case of the conclusion (Hitchcock, 1985; Walton and Reed, 2005).[23]
Incluso Cicerón se refiere a los hechos de conocimiento común ya aproximadamente en el 86 a.C., en su manual de oratoria De inventione: «There is no point in requiring proof or demonstration of a premise which contains a plain statement which must be granted by everyone»[24] (). De aquí que sean comunes afirmaciones como la del Judicial College of Victoria, de Australia, en su Uniform Evidence Manual, sobre que: «At common law, facts forming part of common knowledge or which can be verified by reference to an authoritative document are exempt from the requirement of proof… The UEA retains this exemption»[25] (En el derecho anglosajón, los hechos que forman parte del conocimiento común o que pueden verificarse mediante referencia a un documento autorizado están exentos del requisito de la prueba… La UEA conserva esta exención).
En este punto cabría preguntarse qué eran los «hechos de conocimiento común» para los magistrados de los juicios de Núremberg, y la respuesta, en coherencia con lo dicho hasta aquí, y de acuerdo con el colegio judicial de Victoria, sería: esos hechos que no son «razonablemente discutibles» por ninguna de las partes. Sin ser experto en leyes, de esto se puede derivar una pregunta clave para las tesis negacionistas: ¿Qué «hecho» sin pruebas utilizaron los fiscales de Núremberg para sentenciar a los acusados, valiéndose unilateralmente de que éste era de «conocimiento común», a pesar de que la defensa lo hubiera puesto en duda? Encontrarlo sería como encontrar el santo grial para los negadores de la shoah, al menos en cuanto a la legalidad de los procesos que estamos analizando.
¿Que la culpabilidad de los acusados nazis estaba predeterminada? Es muy posible, a pesar de que ello no concuerda con que tres de los demandados en el juicio principal fueran absueltos[26]; ¿Que los aliados pudieron haber fabricados pruebas y suprimir hechos exculpatorios? Cierto, pero, en concreto ¿Qué evidencias fueron falsificadas?, ¿Qué relevancia dieron los jueces a dichas pruebas para determinar las sentencias? Y ¿Qué hechos justificatorios éstos pasaron por alto deliberadamente? Mientras no sean respondidas estas preguntas, los negacionistas no tienen ningún sustento válido para alegar que los artículos 19 y 21 de la carta de Londres son pruebas de la ilegitimidad de los procesos de Núremberg. No por nada en ninguna crítica a la legalidad de estos juicios –que hay un montón–, por parte de expertos juristas, se encontrará un cuestionamiento serio a los artículos 19 y 21.
[1] Documento que fijó los principios y procedimientos por los cuales se rigieron los Juicios de Núremberg.
[2] Tribunal conformado por EEUU, la URSS, Francia y Gran Bretaña para dirigir el proceso contra los principales oficiales nazis, en los juicios de Núremberg.
[3] Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis. Signed at London, on 8 August 1945. Charter of the International Military Tribunal (IMT) (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte, 1951) p. 296
[4] Ídem.
[5] Cuerpo de la Organización de las Naciones Unidas establecido el 25 de mayo de 1993 con la finalidad exclusiva de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinaría una vez restaurada la paz.
[6] Creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 8 de noviembre de 1994, con el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores o promotores del genocidio ruandés.
[7] Tribunal establecido en consecuencia a las violaciones al derecho internacional humanitario y a las leyes de Sierra Leona, cometidas a partir del 30 de noviembre de 1996 en el territorio de dicho país, y en vista a la entonces prevaleciente situación de impunidad.
[8] Tribunal penal internacional creado por la ONU para el enjuiciamiento de actos delictivos relacionados con el asesinato de Rafiq Hariri.
[9] Vladimir Tochilovsky. Jurisprudence of the International Criminal Courts and the European Court of Human Rights, (Boston, 2008) p. 398.
[10] United Nations; International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the former Yugoslavia since 1991. Rules of procedure and evidence, (The Hague, 2013) p. 100.
[11] International Criminal Court. Rules of Procedure and Evidence, (The Hague; 2013) p. 24.
[12] Tochilovsky op. cit. (9) p. 400.
[13] La evidencia Viva Voce es una prueba oral de un testigo en un procedimiento judicial, en oposición a la evidencia presentada en forma de declaración jurada.
[14] Tochilovsky op. cit. (9) p. 403.
[15] Utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia británica. Es el derecho creado por decisiones de los tribunales, se caracteriza por el hecho de que se basa más en la jurisprudencia que en las leyes.
[16] Sistema jurídico derivado de aquél aplicado en Europa continental, cuyas raíces se encuentran en el derecho romano, germano y canónico y en el pensamiento de la Ilustración, y que es utilizado en gran parte de los territorios europeos y en aquellos colonizados por éstos a lo largo de su historia. Se suele caracterizar porque su principal fuente es la ley, antes que la jurisprudencia, y porque sus normas están contenidas en cuerpos legales unitarios, ordenados y sistematizados.
[17] Viceministro Adjunto, Sector de Políticas, Departamento de Justicia, en el Comité de Justicia y Derechos Humanos de Canadá.
[18] Instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
[19] International Criminal Court. Public Redacted Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr Aimé Kilolo Musamba, Mr Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr Fidèle Babala Wandu and Mr Narcisse Arido against the decision of Trial Chamber VII entitled Judgment pursuant to Article. Separate opinion of judge Geoffrey Henderson, p. 16.
[20] International committee of the red cross. Rome Statute of the International Criminal Court, (1998); Article 69, Evidence.
[21] London Charter op. cit. (3), p 294.
[22] Véase, por ejemplo, el sexto párrafo del artículo 69 del estatuto de Roma.
[23] Douglas Walton, Fabrizio Macagno. International Commentary on Evidence. Common Knowledge in Legal Reasoning about Evidence (2005), p. 2.
[24] Ibídem, p. 3.
[25] Judicial College of Victoria. S 144 – Matters of common knowledge. http://www.judicialcollege.vic.edu.au/eManuals/UEM/28954.htm
[26] Hans Fritzsche, Franz von Papen y Hjalmar Schacht.
[27] Wikimedia Commons. Bundesarchiv Bild 183-H27798, Nürnberger Prozess, Verhandlungssaal. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-H27798,_N%C3%BCrnberger_Prozess,_Verhandlungssaal.jpg
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